La Generalitat de Cataluña ha traicionado (una vez más) a la ley: a partir de este curso que acaba de iniciarse, los colegios no aplicarán la norma de que el 25% de la enseñanza debe ser en castellano, ni siquiera los 27 que ya lo estaban aplicando. El argumento del consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, es precisamente la nueva legislación catalana, que establece que no se pueden implantar porcentajes en el uso de lenguas en la escuela, algo que "va en contra de la propia ley".

Por ello, la plataforma Escuela de Todos, que defiende el derecho de las familias de que los menores estudien en castellano, ha convocado una manifestación en defensa del español este domingo 18 de septiembre, a las 12.30 horas en Arc de Triomf, para reivindicar lo que ellos consideran una injusticia y una violación de la ley. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, una de las asociaciones que forman parte de la plataforma, ha concedido una entrevista a Vozpópuli para hablar sobre el asunto.

Pregunta: La Generalitat ha traicionado al Estado Español. ¿Qué reivindicáis ahora con esta nueva manifestación, convocada para el 18 de septiembre?

Respuesta: Básicamente, lo que pedimos se resume en el lema de la manifestación, que es "Español, lengua vehicular". El problema es que las instituciones de Cataluña, concretamente la administración educativa, solo contemplan como lenguas vehiculares en la enseñanza el catalán en todo el territorio de Cataluña, el aranés en específico en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana.

"Curiosamente", cuando hacen la relación de lenguas vehiculares en la educación se olvidan del castellano, que es la lengua de la mayoría de los catalanes y además es lengua oficial de Cataluña. Es una discriminación que consideramos inaceptable. Por lo tanto, la reivindicación principal y primera de esta manifestación es la de siempre: que el castellano sea también lengua vehicular en la educación catalana.

P: ¿A quiénes pedís responsabilidad?

R: En primer lugar, al departamento de educación. Pero también al gobierno de España, puesto que dentro de su ámbito competencial tiene la defensa del español como lengua de enseñanza; y, en consecuencia, tendría que requerir a la Generalitat de Cataluña que dé cumplimiento a sus obligaciones en esta materia, que son tener en cuenta que hay dos lenguas oficiales en toda Cataluña y que las dos lenguas deben ser iguales en el mundo de la enseñanza.

P: Precisamente en este punto quería hacer hincapié. ¿Cómo valoráis el 'silencio' del Gobierno al respecto?

R: Efectivamente, el Gobierno central no ha hecho nada en ningún momento. Ha diseñado una estrategia para no molestar al nacionalismo. En primer lugar, el partido socialista de Cataluña pactó una ley en la que ya se estableció un doble rango: considerar al catalán como lengua vehicular y al castellano como lengua curricular. Esto no tenía ningún sentido, salvo que el objetivo fuese establecer un régimen presidencial para el catalán, que para nosotros es absolutamente inaceptable.

Y después, cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó el Decreto Ley en el que se establecen medidas a nuestro juicio contrarias a la ley, como la supresión de la posibilidad de aplicar porcentajes en el tejido lingüístico, tampoco ha hecho nada. Es más, ha hecho dejación de funciones, porque competencialmente tiene que vigilar la enseñanza en castellano y comprobar que la ley se cumple. Ley en la que, por cierto, se incluyen porcentajes y se establece que los proyectos educativos se deben acomodar a la realidad social y tener en cuenta el pluralismo lingüístico. Debería haber interpuesto el recurso de inconstitucionalidad y no lo ha hecho, haciendo que la ley entre en vigor y se ejecute.

P: ¿Qué va a pasar entonces con las familias que ya habían conseguido previamente la aplicación del 25% de español en sus colegios?

R: Depende de quién la tenga que interpretar. En este caso, la administración educativa catalana es la encargada de aplicar la ley 8/22 y el proyecto de ley 6/2, que es la nueva normativa. Por ahora, ha hecho la peor interpretación posible. Es excluyente, de manera que considera que desaparece la posibilidad de que existan asignaturas en castellano en el régimen lingüístico de los colegios de Cataluña. Eso, evidentemente, es una interpretación sesgada y contra el derecho.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no se ha pronunciado, pero es que incluso antes de que se pronuncie la administración catalana ya está intentando aplicar por las bravas que los directores de los centros supriman la implementación de la impartición de educación en castellano en las escuelas. Evidentemente es contrario a la propia norma y al espíritu constitucional. Estamos ante un gobierno claramente golpista en materia de educación puesto que entiende que las resoluciones judiciales no les afectan, cuando todos sabemos que si se dicta una sentencia, es el Tribunal Superior de Justicia el que tiene que encargarse de que se aplique.

P: ¿Cómo afrontáis el nuevo curso?

R: Desde luego, las familias están muy molestas porque la actuación de las administraciones educativas catalanas y el consentimiento del Gobierno central han permitido que se ponga en marcha un régimen lingüístico que estaba llamado a su desaparición hace unos meses, puesto que estábamos hablando de la ejecución de la sentencia de diciembre de 2020, que obligaba a todo el sistema educativo catalán a asegurar la enseñanza también en castellano a los alumnos catalanes. Ese régimen ha desaparecido y lo llevaremos a los tribunales; pero en todo caso, nos aboca a una larga agonía hasta que el TS no resuelva la materia.

P: A la manifestación van a ir la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el de Vox, Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo no. ¿Sentís cierto abandono por parte del PP?

R: Bueno, ha enviado a su segunda figura, Cuca Gamarra y a un par de representantes parlamentarios, tanto catalanes como de las Cortes Nacionales. Pero nosotros solamente pedimos a los partidos políticos que, además de venir a manifestación, que estaremos encantados que así sea y nos apoyen, recuerden que el espacio donde tienen que realizar la actividad es en las Cortes Generales y en el gobierno donde gobiernen. De manera que lo que pedimos es un compromiso a favor de la escuela bilingüe en Cataluña, sobre todo a favor de que el sistema educativo español reconozca, como ya lo hizo en otra ocasión, que el español debe ser lengua vehicular de enseñanza.

P: ¿Qué futuro le espera (o queréis que le espere) al Consejero de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Josep González i Cambray?

R: Pues un futuro muy negro, puesto que está pisando muchos escenarios conflictivos y se está situando al borde de la ley. Desde luego, lo que sí ha acreditado es que es una persona incapacitada para el cargo, una persona que no ha apostado por el consenso en materia lingüística, sino que ha puesto con la imposición de un idioma sobre el otro. Y eso convivencialmente es un desastre. Por lo tanto, para nosotros el mejor futuro que le espera es la dimisión.

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