La renovación del Poder Judicial pasará factura a un Tribunal Supremo al borde del colapso. Las negociaciones entre el sector progresista y conservador del CGPJ para designar a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional ya han servido para acordar que los dos candidatos que se elijan provendrán del alto tribunal. Aunque casi siempre se escogen de este órgano, lo cierto es que dejar dos vacantes en este momento lo abocará al colapso.
Es por ello que el Consejo y su presidente Carlos Lesmes han reiterado en innumerables ocasiones que la situación es "insostenible". El resultado de haber cercenado al CGPJ su capacidad de efectuar nombramientos se traduce, a día de hoy, en que hay 14 plazas pendientes de cubrir. Con todo, no todas las Salas acusan igual esta ausencia de nombramientos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se dedica a resolver recursos contra disposiciones del Gobierno, es la peor parada, ya que suma hasta ocho vacantes. La Sala de lo Social tiene tres pendientes de nombrar, la Militar dos y la Civil una. La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, no acusa los efectos de la Ley aprobada por el Gobierno en marzo del año pasado ya que el CGPJ aprobó tres nombramientos clave en la misma justo antes de que le limitaran sus funciones.
Carlos Lesmes dijo en su último discurso de apertura del curso judicial que se ha provocado un "estropicio" que deja un panorama nunca antes visto en la historia de la democracia. De seguir con esta situación de bloqueo, el Supremo llegará a un 25% de vacantes sin cubrir. Ello no solo se traduce en una parálisis en la redacción de sentencias y en una mayor lentitud a la hora de resolver recursos, sino que también tiene consecuencias económicas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, desveló hace unas semanas que se han tenido que destinar 1,3 millones de euros en refuerzos para el Tribunal Supremo.
Preocupación en el Supremo
En el alto tribunal la preocupación por el colapso va en aumento y no vislumbran una solución a corto plazo. El nombramiento de las plazas pendientes se retomará en cuanto se renueve un CGPJ que suma cuatro años en funciones. Para ello Gobierno y Partido Popular tendrían que sellar un acuerdo que se vislumbra lejano. El Ejecutivo y el principal partido de la oposición se echan en cara la falta de renovación del CGPJ.
Ni tan siquiera las palabras de Carlos Lesmes parecen haber surtido efecto en dos formaciones incapaces de acordar los vocales que integrarán el nuevo Consejo. El presidente del Tribunal Supremo aprovechó la apertura del curso judicial para lanzar un ultimátum a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: o pactan la renovación o dimite en cuestión de semanas. La cuenta atrás ha comenzado pero los partidos apenas se ha movido de sus posiciones.
El Partido Popular se abrió a negociar pero manteniendo una serie de requisitos que el Gobierno se niega a acatar. La formación conservadora quiere que se modifique antes la Ley para que el Congreso y el Senado dejen de elegir a los 21 vocales del Consejo y sean los jueces los que se escojan entre ellos. Tanto Lesmes como la Comisión Europea niegan ese extremo e insisten en primero hay que renovar conforme lo establece la Ley.
Una renovación tardía
El PSOE también está paciendo los efectos de esta crisis. El presidente del Tribunal Supremo arremetió delante del Rey Felipe VI contra los "devastadores" efectos de la Ley que les prohíbe hacer nombramientos estando en funciones. La posterior corrección de esta norma, permitiendo a los vocales nombrar únicamente a sus dos candidatos al Constitucional, fue la gota que colmó el vaso en el órgano de gobierno de jueces.
Tanto es así que ocho de ellos, los más críticos, amagaron con no cumplir con esta reforma legal. Entendieron que el Gobierno les estaba utilizando para poder aprobar a los dos candidatos que por Ley corresponden al Ejecutivo y renovar así el Tribunal Constitucional inclinándolo hacia una mayoría progresista. Pese a ello, se abrieron a negociar aunque dejando claro que no había fecha límite.
Esto conllevó a que el órgano de gobierno de jueces no cumpliera con el plazo legal estipulado para elegir a sus dos nombres. El plazo venció el 13 de septiembre y los negociadores de ambos bloques simplemente habían delimitado "las reglas del juego" de la negociación. Este viernes volvieron a reunirse y acordaron que los magistrados que elijan para el Constitucional serán del Supremo. Además, fijaron fecha para el próximo encuentro: será el miércoles.
Candidatos del Supremo
Ante la lentitud del bloque conservador -que prefería esperar a que se renovase el CGPJ- el sector progresista ha decidido agilizar por su cuenta. De hecho, al término de esta primera toma de contacto hicieron pública su lista de nueve candidatos para el TC. Todos ellos son altos magistrados del Supremo a excepción de uno: el vocal Rafael Fernández Valverde, de tendencia conservadora, que se jubiló este marzo dejando el Consejo con un vocal menos.
Entre los nombres propuestos se encuentran la presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, María Luisa Segoviano; el presidente de la Sala de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga; los magistrados de la Sala de lo Contencioso José Manuel Sánchez-Cruzat y Ángeles Huet; y Pablo Lucas, magistrado también de la Sala de lo Contencioso encargado de controlar al CNI.
Mientras tanto, la Comisión Europea mete presión en aras a la renovación del Poder Judicial. El comisario de Justicia, Didier Reynders, se entrevistará con Carlos Lesmes la próxima semana en el marco de la visita que efectuará a España. El presidente del Tribunal Supremo ya se reunió el pasado 15 de junio con la comisaria de Transparencia, Věra Jourová, con quien abordó ya la situación de colapso en el órgano de gobierno de jueces.
