El juez del caso Voloh que investiga una trama de empresarios, varios de ellos afines al expresidente catalán Carles Puigdemont, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez todas las autorizaciones del Consejo de Ministros sobre inversiones extranjeras firmadas durante el primer estado de alarma. Ha tomado esta medida después de que la Guardia Civil interceptase la conversación de uno de los principales investigados a la que ha tenido acceso íntegro Vozpópuli. En ella, se habla de una operación con participación del banco Santander y un presunto trato de favor del Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto.
“Los últimos momentos fueron muy duros, muy duros porque, claro, llegar a entrar al Ministerio y explicar y no sé qué y tal ... y que la ministra mirara un poco para otro lado. Y que, y que ... el que firmara fuera su secretario. Y que su secretario pidiera de rodillas que ni una palabra. Ni. .. ni una ... ni una palabra. Pero en fin, bueno ... eh ... ha sido ... ha sido un hito”, dice la transcripción textual de la conversación intervenida. Quien pronuncia estas palabras es un hombre a quien la Guardia Civil identifica como Antonio Bernárdez Gumiel, empleado del Banco Santander. Sobre el secretario de la ministra, los investigadores creen que puede ser Juan Ignacio Díaz Bidart, “quien ejerce como director del gabinete” de Maroto.
La Guardia Civil considera que "de ser cierto lo que se recoge en esa llamada, se pudiera haber incurrido en delitos Contra la Administración (Tráfico de Influencias y Prevaricación)". "Esta conversación pone de manifiesto que podrían haber existido irregularidades y trato de favor para obtener dicha autorización en
relación a una operación", añade el Instituto Armado. "Por todo ello y al objeto de verificar la información que se recoge en esa conversación y poder determinar, por tanto, si existen o no ilícitos penales, así como en caso cierto, identificar a los autores de los mismos, es por lo que se solicita Mandamiento de entrega inmediata dirigido al Ministerio", concluye.
Consultado por este periódico, el Ministerio de Industria confirma que entregaron a la Guardia Civil el listado de petición de autorizaciones de inversión por parte del Consejo de Ministros, así como el listado de autorizaciones concedidas hasta la fecha, tanto por parte del Consejo de Ministros como por parte de la Dirección General de Comercio e Inversiones. También una copia del expediente sobre la operación en concreto a la que se refiere la conversación. Según el Departamento que dirige Reyes Maroto, aquella gestión no afectaba a servicios esenciales y por tanto no era necesaria la autorización del Consejo de Ministros.
La llamada tuvo lugar el 18 de abril, en plena primera ola de la pandemia y duró 30 minutos y 46 segundos. Al otro lado de la línea escuchaba atento David Madí, exdirector de Comunicación de Convergencia y director de Aguas de Cataluña. Madí asentía mientras escuchaba a su interlocutor relatarle cómo la la ministra tuvo que mirar para otro lado o las peticiones de su secretario para que no trascendiera nada. La conversación tenía que ver con el deseo de Mitsubishi Corporation de realizar una importante inversión y hacerse con el 24,9% de Bergé Automoción, una empresa familiar española.
"Con el conocimiento de la ministra"
Con motivo de la pandemia y para proteger a las empresas españolas, el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos había dictado el 31 de marzo un Real Decreto Ley por el que blindaba la entrada de inversiones extranjeras que pudieran aprovechar la crisis para acabar adquiriéndolas a precios por debajo de su valor. “Parece ser que la cola que había en el Consejo de Ministros para este tipo de autorizaciones era enorme. Y para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos, ma-la-ba-ris-mos. Y sobre todo ha habido que hacerlos niveles algo subalternos, eh. Aunque con el conocimiento de la ministra”, explicó el trabajador del Santander.
Madí -que en otras conversaciones privadas se jactaba de tener acceso a otros ministros socialistas- le daba la razón o asentía al escuchar las explicaciones de su interlocutor, quien le insistía en que en el Ministerio “tenían pánico a que se enteraran los de la cola”. “Hubo que coordinar además a trece bancos, coordinar. Hubo que ponerle de acuerdo, el gran coordinador fue el Banco Santander. Y si no es por el Banco Santander, no se hace”, continuó el empleado de banca. La conversación abordó otras cuestiones sobre política, la crisis derivada de la pandemia o incluso las encuestas de Tezanos.
Los comentarios sobre la actuación del Ministerio de Industria merecieron la atención de la Guardia Civil y el juez tal y como adelantó El Confidencial. El Instituto Armado emitió un escrito al juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el que le pedía el “listado de petición de autorizaciones del Consejo de Ministros relativas a las inversiones extranjeras durante el periodo de Estado de Alarma, decretado el 14 de marzo” y "un listado de las autorizaciones concedidas con la fecha de la misma”.
Desde el Ministerio defienden que "se ha gestionado con gran diligencia las más de 800 consultas recibidas durante el Estado de Alarma como consecuencia del nuevo marco introducido en materia de inversiones extranjeras" y que, "en este caso, se produjo una gestión rutinaria de una consulta, sin otorgar ningún trato de favor a este expediente".
Según su relato, el 19 de marzo, un representante de la CEOE dirigió un correo electrónico a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones con el fin de comunica que Mitsubishi Corporation había acordado en diciembre la adquisición de un 25% del capital de Bergé y querían saber si la operación está sometida a autorización, a la luz del nuevo marco aplicado a las inversiones extranjeras. La respuesta fue que al no tratarse de un sector sensible, esta operación no requiere autorización. Sin embargo, sí deben notificar la inversión al Registro de Inversiones antes de la formalización de la operación.
