La juez al frente del caso Plus Ultra reclama ahora a la SEPI información clave de la aerolínea. La magistrada Esperanza Collazos, que investiga si se produjo delito de malversación con la inyección de 53 millones de euros a la compañía, ha requerido al holding público que entre los primeros cinco días de cada mes entregue a la autoridad judicial datos determinantes de la aerolínea como la cuenta de resultados y los flujos de caja para hacer un seguimiento del control sobre la firma.
La magistrada explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que se trata de información que la propia compañía aporta al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La firma remite la documental mensualmente en cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Fondo gestionado por la SEPI y Plus Ultra, motivo por el cual ahora el juzgado reclama dichos datos. En concreto solicita los que se acuerdan en el punto sexto del documento, relativo al estado financiero de la empresa, las proyecciones de la cuenta de resultados, de balance y de flujo de caja.
De esta forma la titular del Juzgado Central de Instrucción número 15 responde al requerimiento de Vox, partido que litiga como acusación popular, y que propuso que se recaben los informes de control mensuales. La juez Collazos declina acordar esta diligencia precisando que el órgano encargado de conocer y vigilar el destino de la subvención pública no es la propia compañía, sino el Fondo adscrito al Ministerio de Hacienda y que gestiona el Consejo Gestor de la SEPI, impulsado para reforzar la solvencia de las empresas estratégicas afectadas por la crisis del coronavirus.
El control de la SEPI
El punto sexto del acuerdo firmado entre las partes estipula que la aerolínea se compromete a facilitar todos los meses este tipo de información, además de previsiones de resultados y posibles desviaciones, el detalle de las obligaciones o contingencias no recogidas en el balance, información sobre cuestiones de índole laboral que pudieran afectar a la compañía (incluida la relativa a litigios relevantes) así como un informe de seguimiento del plan de viabilidad.
El juzgado lanzó esta petición el pasado 25 de junio, días antes de que tuviera lugar el careo entre los peritos del independientes y los de la aerolínea. Se trató del segundo encuentro en sede judicial después de el primero de ellos, celebrado el pasado 18 de enero, quedara invalidado por fallos en el audio de la grabación. De hecho Vox pidió la documental sobre el control de Plus Ultra al considerar que era "necesaria" de cara al nuevo encuentro en sede judicial de los peritos.
Del encuentro repetido esta semana se extraen las mismas conclusiones que hace dos meses ya que tanto los peritos del despacho designado por el juzgado como los de la SEPI reiteraron sus posturas (en algunos puntos encontradas) sobre la verdadera situación de la compañía. Así, mientras los primeros explicaron que hay aspectos que les hace concluir que la compañía estaba en causa de disolución a fecha de 31 de diciembre de 2019, los del holding público defendieron el extremo contrario.
Criterios contrapuestos
El perito de Deloitte y el de AC Advisory (asesor legal y financiero de la SEPI, respectivamente) insistieron en que de toda la documental analizada se desprende que Plus Ultra cumplía con los requisitos de elegibilidad. Una tesis que respaldan tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado, ente este último que defiende a los miembros del Consejo Gestor de la SEPI imputados en el procedimiento. De hecho, tras el careo de enero, el Ministerio Público volvió a solicitar a la juez que archivase las diligencias al entender que no hay tacha penal en el préstamo autorizado por el Gobierno en marzo de 2021.
El Ministerio Fiscal niega que se produjera delito alguno con la entrega de la ayuda. Al respecto descarta la comisión de la prevaricación en tanto la ayuda no la aprobó la SEPI sino el Consejo de Ministros. También declina que se cometiera malversación de caudales públicos (ya que el rescate se autorizó siguiendo el criterio de los expertos contratados por la SEPI) ni fraude de subvenciones. Sobre este último apunta que las diferencias de los peritos sobre la solvencia de Plus Ultra solo lo son de criterio interpretativo, de manera que no implican contradicciones de calado.
Sin embargo, los peritos a los que el juzgado encargó un peritaje independiente siguen manifestando sus dudas en relación con algunos de los episodios recientes de la compañía. En su informe remitido al juzgado expusieron que la firma había comprometido un plan de viabilidad "demasiado optimista", a la par que cuestionaron la naturaleza de una línea de crédito de 6,3 millones de euros reconvertida en préstamo participativo y gestionada en la isla de Dominica.
Petróleo de Venezuela
Los expertos del despacho Martín Molina explicaron sobre ese punto que les llamaba mucho la atención las condiciones pactadas de este préstamo inyectado en 2017 desde la entidad panameña Panacorp, ya que se exigía que cuatro millones del monto destinado quedara sin utilizar. También avisaron que la contabilización de un beneficio de más seis millones de euros por la venta de un avión pudo alterar las cuentas de 2019; un ejercicio estudiado con lupa por el Gobierno ya que el requisito era que las empresas que pidieran la ayuda no estuvieran en crisis a cierre de ese año.
Todos estos asuntos volvieron a salir en el careo si bien, además, los expertos del despacho de Martín Molina mostraron también su sorpresa porque el primer destino de los fondos públicos recibidos del Gobierno fueran a parar a petróleos de Venezuela, tal y como avanzó este medio. Se trata de un extremo que ya venía recogido en los informes remitidos por la compañía y que tendría como respuesta que eran proveedores de Plus Ultra, de ahí el pago pendiente. El perito de la aerolínea, por su parte, matizó que la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivos de embargos y las sanciones internacionales.
Tras el careo, la aerolínea volvió a pedir el archivo de las actuaciones insistiendo en que esta diligencia ha demostrado que no hay ilegalidad alguna y que la mercantil cumplía todos los requisitos. Las acusaciones populares que ejercen Manos Limpias, Vox y PP, alegan, por contra, que la compañía estaba en números rojos mucho antes de la pandemia y, por tanto, no cumpliría con los requisitos exigidos por el Gobierno para recibir 53 millones de euros.
