El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido al Partido Popular que le facilite la información de su cuenta de "Gastos de Representación" de 2004 a 2012 y los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Málaga y Sevilla entre 1997 y 2007.
Ruz acuerda en un auto emitido este viernes una serie de diligencias de documentación por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral tras tomar declaración a ocho empresarios reflejados como presuntos donantes al PP en los llamados 'papeles de Bárcenas', que recogen la supuesta contabilidad B de la formación política.
Entre la documentación que solicita se encuentra la información de 2001 a 2008 de los registros de entrada a la sede del Partido Popular en la calle Génova, relativa a los ocho constructores querellados que comparecieron en la Audiencia Nacional como de Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, y Juan Manuel Fernández, de Aldesa Construcciones.
Dos de ellos, el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja y el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, reconocieron que hicieron pagos al PP en la sede del partido.
Otras de las diligencias pedidas son información a la Agencia Tributaria sobre cobros y pagos realizados por terceros al PP de 1990 a 2005 y testimonio de las declaraciones del impuesto de sociedades del partido de 2007 y 2008. En cuanto a la información de las contabilidades territoriales, el juez pide a la tesorera del PP, Carmen Navarro, los libros del mayor y diario de Galicia entre 1997 y 1999; de Málaga los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 2007; de Cantabria de 2004, 2007 y 2008; de Sevilla de 2004 y 2008; de La Rioja de 2008 y de Cataluña de 2007.
Respecto a la cuenta titulada "gastos de representación", el juez que instruye la supuesta contabilidad paralela en el partido pide a la tesorera su soporte documental, "incluidas las órdenes de transferencia bancaria" y "las anotaciones contables acreditativas de los pagos". Reclama también, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, "todo tipo de contratos" de ocho empresas que figuran como donantes en los papeles con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las locales y los organismos autónomos, "en relación con la eventual concesión a las mismas de adjudicaciones públicas".
