Nuevo quebradero de cabeza para el PP y, en esta ocasión, por partida doble. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este jueves una providencia en la que ordena la práctica de nuevas diligencias en dos investigaciones del 'caso de los papeles de Bárcenas' que parecían estancadas desde hacía meses: la que pretende aclarar la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la que rastrea la extraña devolución en 2010 por parte de la formación en Pontevedra de parte de una deuda de 160.000 euros que había adquirido con la dirección en Madrid. Sobre esta última, que el extesorero relacionó directamente con el posterior pago de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, el magistrado ya ha fijado un plazo de cinco día a los 'populares' para que le aporten la contabilidad del partido en esta provincia gallega con el fin de cotejarla con la que ya obra en su poder remitida por Génova 13. El nuevo impulso de Ruz a ambas líneas de investigación está relacionada con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, organismo dependiente de Hacienda) que llegó a sus manos el pasado lunes y que analiza al detalle dichos movimientos contables bajo sospecha.
Uno de los apuntes contables ahora investigado está relacionado con los 50.000 euros que Bárcenas asegura haber entregado en 2010 en sobresueldos a Rajoy y Cospedal
De hecho, las pesquisas sobre estos dos apuntes contables no son nuevas. Las abrió el juez el pasado 11 de octubre al dictar una serie de autos con los que daba un giro a la estrategia que había seguido hasta ese momento en el 'caso Bárcenas'. Entonces, Ruz decidió dejar a un lado las pesquisas sobre la veracidad o no de dichos apuntes una vez que su credibilidad había dejado de estar en duda tras corroborar los testigos más de medio centenar de ellos, para pasar a considerarlos un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. Aquel día, el magistrado decidió centrar sus esfuerzos en aquellas anotaciones del extesorero en los que creía haber detectado indicios de delitos que no hubieran prescrito aún. Es decir, los referidos a los años 2007 o a ejercicios posteriores. Entre ellos estaban el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13 que provocaron el registro 'de facto' del inmueble el pasado mes de diciembre, y la supuesta comisión recibida por el partido en Toledo por la concesión de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, lo que ya ha obligado a comparecer como imputado en la Audiencia Nacional a un dirigente de la formación en Castilla-La Mancha.
Entonces el juez decidió abrir también las pesquisas sobre la compra de una sede en Logroño y la extraña devolución de una deuda de Pontevedra, aunque ambas parecían haber quedado arrumbadas en el sumario. No era así. El juez simplemente estaba esperando que le llegara el informe que hace más de tres meses pidió a los funcionarios de la IGAE sobre ambos apuntes contables. Para hacer el relativo al envío en 2008 de 200.000 euros desde Génova 13 a su partido en La Rioja para la adquisición de un local en esta comunidad, puso a disposición de la Intervención General la contabilidad oficial del PP que ya estaba en aquel momento incorporada a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo el julio ante el juez reconociendo la autoría de los apuntes contables. Durante aquel testimonio, el extesorero detalló que en la sede de Madrid se había recibido un donativo supuestamente irregular por esa cantidad desde La Rioja y que la misma fue transferido de vuelta a esta comunidad para que así apareciera 'blanqueado' en las cuentas de la formación regional y pudiera ser utilizado para adquirir un local.
"Lo embargado, embargado está"
Para investigar la deuda del partido en Pontevedra, el magistrado también remitió a la IGAE la declaración del extesorero en la que se refería al apunte que recogía una entrada en la caja 'B' de Génova 13 de 50.000 euros supuestamente entregados por un dirigente pontevedrés. Bárcenas aseguró al juez que las cuentas bancarias del PP nacional habían sido embargadas antes por una deuda de 160.000 euros adquirida por sus correligionarios gallegos y que tuvo que ponerse en contacto con sus responsables para reclamársela. "Yo hablé con el gerente regional del partido y con el gerente provincial de Pontevedra y les dije: 'Lo embargado, embargado está, pero ese dinero tenéis que devolvérnoslo". Según detalló aquel día el extesorero, en febrero de 2010 "el gerente me llamó [no especificó si el regional o el provincial], vino a verme y me trajo 50.000 euros". Ese dinero sirvió, según aclaró el propio Bárcenas, para que él pudiera pagar dos sobresueldos de 25.000 euros que tenía pendientes por falta de efectivo. Los destinatarios fueron supuestamente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
Dos acusaciones pidieron ya en agosto y septiembre que declararan como testigos dirigentes regionales del PP para que aclararan ambos apuntes contables. El magistrado no descarta citarlos
Ahora, tras la llegada del informe de Hacienda sobre dichos apuntes, Ruz parece dispuesto a reactivar ambas pesquisas con nuevas diligencias. Así, sobre "la adquisición de los locales para la sede del Partido Popular en La Rioja", el juez relaciona las conclusiones del estudio de la Intervención General con la petición que ya en agosto realizó una de las acusaciones en la causa, la que ejercen los socialistas madrileños. En aquel escrito, sus abogados solicitaron al juez que citase a declarar como testigos a los miembros del PP riojano que firmaron la escritura de compraventa del local de Logroño poco después de la fecha que se ingresó el donativo irregular, según los 'papeles de Bárcenas'. También pedían los datos para saber qué dirigente riojano fue el que supuestamente se desplazó a Madrid con ese dinero que más tarde sería transferido de vuelta a La Rioja.
Sobre el segundo apunte sospechoso, el juez Ruz ha reclamado a los 'populares' que le remitan la contabilidad de los años 2009 y 2010 del partido en Pontevedra al considerar que sin esos datos el informe que ha remitido Hacienda está "incompleto". De hecho, ordena que la entrega de dicha documentación se haga "en el plazo de cinco días" para poder remitírsela a los dos expertos de la Intervención General y que éstos puedan completar su estudio lo antes posible. En este punto, el magistrado recuerda que sobre dicho apunte contable también hay pendiente la realización de diligencias solicitadas por una acusación, en este caso la que ejercen los socialistas valencianos. Aquellos pidieron al juez en septiembre que el PP informase "si le fue embargada de sus cuentas la cantidad de 160.000 euros por una deuda de dicho partido en Pontevedra", y, en caso afirmativo, que detallase en que depósito bancario concreto se realizó. Esta acusación también reclamaba la identificación de los gerentes regional y provincial a los que se refirió Bárcenas para que "sean citados a declarar en calidad de testigos". Con el nuevo informe en sus manos, Ruz decidirá si las practica.
