La sentencia del Tribunal Constitucional que anula los preceptos más duros del estado de alarma ha vuelto a generar tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial. Las reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez al histórico fallo han sentado especialmente mal entre importantes miembros de la judicatura que lo entienden como una injerencia a la actuación de un tribunal de garantías que ha quedado especialmente dividido tras su resolución. "Falta respeto a las instituciones", coinciden los juristas consultadas.
Fuentes del Tribunal Supremo valoran la reacción del Gobierno y explican al respecto que entienden que no estén de acuerdo. Ahora bien, no comparten que miembros del Ejecutivo como la ministra de Defensa, Margarita Robles, -que calificó de "elucubración doctrinal" la sentencia- arremetan contra la decisión tomada. "Tendrían que manifestar un respeto absoluto", recalcan. Del mismo modo, tampoco entienden que se magnifique el resultado tan reñido y que ha inclinado la balanza en contra de algunos artículos del estado de alarma por seis votos frente a cinco discrepantes.
Al respecto recuerdan que hay leyes que también salen adelante en votaciones parlamentarias reñidas y no por ello tienen menos validez. El fallo de los 11 miembros del Constitucional que han dedicado las últimas semanas a estudiar el recurso de Vox ha generado un alud de reacciones principalmente dentro del Ejecutivo. La recién nombrada ministra de Justicia, Carmen Llop, valoró el fallo el mismo día que se conoció. La sucesora de Juan Carlos Campo dijo que acataban la sentencia aunque no la compartían y matizó que las medidas adoptadas en marzo del año pasado para combatir la pandemia salvaron "450.000 vidas".
"En nuestro sistema constitucional, el máximo intérprete de la Constitución es, precisamente, el TC, cuyas decisiones vinculan a todos los ciudadanos y a los poderes públicos. No puede deslegitimarse por ejercer su función sencillamente por el hecho de pronunciarse en contra del Gobierno. Es una auténtica traición al esquema de una democracia seria. Mucho más sangrantes resultan, sin embargo, algunas críticas a la decisión que proceden del interior del propio TC. Si no se puede ser capaz de respetar la decisión mayoritaria de un órgano colegiado como éste, lo mejor es abandonarlo y dedicarse a otra cosa", explica por su parte un importante magistrado a este diario.
"Más respeto sería lo deseable"
"Un poco más de respeto sería lo más deseable en el tiempo en el que estamos. Asistimos a una campaña para desautorizar", matizan fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por Vozpópuli. Otras añaden: "Ya llueve sobre mojado". Se refieren a las últimas críticas que desde el Gobierno se han vertido a otros entes como el Tribunal Cuentas o el Supremo. El ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo que las causas abiertas en el órgano fiscalizador contra los lideres independentistas eran "piedras en el camino" para alcanzar un acuerdo en el terreno político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, abrió la puerta a los indultos del procés y lo hizo apuntando que la "venganza o revancha" no eran valores constitucionales. Estas palabras sentaron como un jarro de agua fría en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, un día después, emitió su informe contrario a la concesión de esta medida de gracia para nueve de los doce condenados. Los magistrados que les enjuiciaron expusieron que no eran partidarios de los indultos amparándose en que no habían mostrado arrepentimiento y que recurrieron a la vía política para anular sus condenas.
Los juristas consultados entienden que estas manifestaciones constituyen una falta de respeto. A ellos se añade un exmiembro del Constitucional que advierte que la situación es bastante insólita y que no es normal que estos pronunciamientos lleguen de las mismas instituciones. "Creen que, porque tienen la mayoría parlamentaria, pueden hacer lo que quieran. La mayoría parlamentaria legitima para gobernar. Nada más. Y el conjunto de garantías hay que protegerlas y defenderlas", subraya.
El telón político de fondo
De este modo, la carrera judicial pide más independencia y aprovecha para recordar que parte de la solución a estas situaciones pasa porque los jueces escojan a sus homólogos en su órgano de gobierno. Precisamente, una de las cuestiones que sigue en punto muerto en estos momentos es la relativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El aterrizaje de Llop en Justicia no parece abrir la veda a que PP y PSOE se sienten para renovar un órgano que lleva caducado desde diciembre de 2018 y ello pese a que la nueva ministra calificó esta tarea pendiente de "imprescindible".
Con todo, los juristas consultados entienden que el debate abierto a tenor de la sentencia del Constitucional es comprensible, máxime teniendo en cuenta el precedente que sienta su decisión en caso de que se produzcan escenarios similares en un futuro. El fallo que se conoció el viernes se produjo tras unas intensas deliberaciones que habían arrancado semanas antes con el estudio del borrador elaborado por el ponente Pedro González-Trevijano.
Su tesis acerca de que los artículos anulados implicaban una restricción de “altísima calidad” fue respaldada por otros cinco miembros del tribunal de garantías, entre ellos, la vicepresidenta Encarnación Roca, de corte progresista. Frente a la versión que se ha impuesto destacan las voces discrepantes de otros cinco miembros que han emitido voto particular, como es el caso del conservador Andrés Ollero. Éstos consideran que la figura jurídica aplicada (el estado de alarma) para regular todas las limitaciones de libertad acordadas por la pandemia era la adecuada.
Los votos particulares al fallo
Especialmente crítico con el fallo ha sido Cándido Conde-Pumpido. El que fuera fiscal general del Estado plasmó en su voto particular, al que ha tenido acceso este medio, que el estado de excepción no es el instrumento deseable. Es más, en su escrito asegura que es incongruente apuntar que esta figura hubiera otorgado más garantías a los ciudadanos cuando considera que hubiera ocurrido todo lo contrario. Añade que no se ha producido ninguna suspensión de derechos, sino que los mismos quedaron limitados y, prueba de ello, es que el Real Decreto contempló escenarios en los que las personas podían salir de casa o circular.
Además, dedica unas líneas al final de su voto particular a cuestionar el panorama que la decisión del Constitucional deja a la clase política. "La sentencia no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma. Y no responde en absoluto, a nuestro entender, a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político", sentencia el jurista.
