El Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales pondrán en marcha un grupo de trabajo para estudiar mejoras retributivas para ambas carreras, que prevé que se puedan plasmar ya en la nómina del próximo mes de diciembre.
El objetivo de este grupo de trabajo será el de cerrar una propuesta acorde entre las reivindicaciones de jueces y fiscales y las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018. Paralelamente, Justicia iniciará una negociación con el Ministerio de Hacienda para convocar una mesa de retribuciones a finales del próximo mes de septiembre.
Esta última negociación con el departamento de María José Montero busca que las nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad puedan llegar a las nóminas de jueces y fiscales el próximo mes de diciembre.
Durante una primera reunión oficial para abordar las reivindicaciones que llevaron a estos jueces y fiscales a llevar a cabo un calendario de protestas que culminó en la jornada de paro del pasado 22 de mayo, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ha transmitido su compromiso para conseguir "mejoras retributivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales" de ambas carreras "como forma de dignificar el elevado servicio público que prestan".
La ministra también ha informado de otra seria de revindicaciones sobre las que poder ir avanzando. Así, la ministra ha explicado que en sus contactos con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios ha podido constatar que algunas reformas legislativas en marcha o inminentes disponen ya de consenso suficiente para superar el trámite parlamentario.
El Ministerio ha avanzado que pretende impulsar un nuevo reglamento de la carrera fiscal que sustituya al actual, que data de 1969
En ese caso están la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que atañe a las licencias y permisos de jueces y fiscales, así como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar el artículo 324, que fija un límite de seis meses para la instrucción de los procedimientos penales excepto en casos de especial complejidad.
Como ya avanzó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado también ha recordado que se impulsarán reformas legislativas que afectan a alguno de los puntos de la plataforma reivindicativa de jueces y fiscales, como la reforma de la LOPJ para dar mayor transparencia a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como para que este órgano de gobierno de la judicatura recupere el carácter colegiado que perdió con la reforma de 2015.
Un nuevo reglamento
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, el Ministerio ha avanzado que pretende incluir factores de transparencia en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, así como impulsar un nuevo reglamento de la carrera fiscal que sustituya al actual, que data de 1969.
Al término del encuentro, el secretario de Estado, Manuel Dolz, se ha congratulado de que este encuentro haya servido "para desbloquear una situación de incomunicación y abrir vías de diálogo y cooperación entre el Ministerio y las asociaciones para mejorar el servicio público que la Justicia presta a la ciudadanía".
Junto a la ministra Delgado y el secretario de Estado Dolz, han representado al Ministerio en la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.
Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura); Raimundo Prado (Asociación de Jueces Francisco de Vitoria); Ignacio González y Diego Gutiérrez (Juezas y Jueces para la Democracia); Concepción Rodríguez y Roberto Esteban (Foro Judicial Independiente); Jesús Alonso y Montserrat García (Asociación de Fiscales); Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales), y Miguel Pallarés y Ana Fernández (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).
