El Tribunal Militar Central ha decidido dar carpetazo al recurso presentado en torno a la tragedia del Yak-42 que pedía que se mantuvieran abiertas las investigaciones relacionadas con el fatídico suceso en el que murieron 62 militares españoles, en su regreso desde Afganistán. En el auto, la Justicia militar considera que la información remitida es escasa y la descripción de los hechos, “genérica”, por lo que resuelve en contra de la petición y cierra las puertas a nuevos recursos.
El Tribunal Militar Central respalda así la decisión que asumió previamente el Juzgado Togado Militar Central número 1, que decidió el cierre de las diligencias previas en torno a las pesquisas que se solicitaban sobre otro juez militar, al que se acusó de falsificación de actas y emisión de certificados falsos, de acuerdo a la información adelantada por The Objective y que Vozpópuli ha podido confirmar a partir de fuentes jurídicas.
Los tribunales consideraron que la actuación de dicho juez tan sólo sería susceptible de ser juzgada bajo un supuesto delito de deslealtad, hecho que ya habría prescrito. En concreto, la Justicia dictamina que la denuncia presentada “no tiene nada que ver” con los hechos enjuiciados y penados por la Audiencia Nacional.
“El Juez Togado justifica su decisión de archivo al considerar que los hechos denunciados y a los meros efectos hipotéticos de una posible calificación en el ámbito competencial de la jurisdicción militar sólo serían susceptibles de encuadrarse en un presunto delito de deslealtad […]. El Código Penal establece que los delitos prescriben los diez [años]”, reza el auto.
Dos décadas de la tragedia
De este modo, el Tribunal Militar Central da carpetazo al recurso presentado en relación con la acción judicial relacionada con el accidente del Yak-42, del que este año se cumplen dos décadas. La tragedia dio pie a un largo procedimiento judicial relacionado con la subcontratación de los servicios de repatriación de los militares que servían en Afganistán, así como en la gestión forense posterior al suceso.
Durante años, las víctimas denunciaron que los estamentos militares habían encubierto a los mandos encargados de la gestión de los restos mortales. También pidieron los contratos de la subcontratación de aeronaves, para esclarecer en términos judiciales si había habido algún tipo de negligencia o de uso indebido de los fondos destinados al traslado de tropas.
Pasaron los años, se sucedieron los cambios de Gobierno y los responsables de Defensa, y las familias de los fallecidos en el Yak-42 aún pugnaban en los tribunales para que se dirimieran responsabilidades.
