La Audiencia Provincial de Badajoz ha vuelto a avalar las líneas de investigación de la causa abierta contra el hermano de Pedro Sánchez por su contrato con la Diputación de Badajoz. Los magistrados consideran que no se han vulnerado los derechos fundamentales de uno de los diputados socialistas con la incautación de sus correos electrónicos porque, entiende, que es una medida justificada en el marco de la causa.
Se trata del segundo gran respaldo a las medidas acordadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga los pormenores del contrato que la Diputación que lidera el PSOE adjudicó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ante la sospecha de que pudo ser creado para él. En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados dan respuesta al recurso interpuesto por Francisco Martos Ortiz, contra la incautación de los correos de nueve cargos de la Diputación.
Como desveló este medio, el cargo socialista recurrió la medida de la juez y exigió que se eliminaran todos los mails corporativos requisados por la Guardia Civil alegando que se trató de una medida "prospectiva" y que se podían haber acordado otras menos lesivas, como la citación del propio David Sánchez, para conocer los detalles de esta contratación. La juez declinó su solicitud y respaldó a la UCO de la misma forma que hace ahora la Audiencia Provincial de Badajoz.
"Se cuestiona la necesidad de la medida en cuanto que se podía haber llamado al investigado y testigos para dar explicaciones, pero es evidente que la posible captación de esos actos que se califican como preparatorios tiene un efecto esclarecedor más amplio e inmediato para “profundizar” en la investigación como señala la instructora", responden ahora los magistrados.
Cabe recordar que la juez Beatriz Biedma autorizó a la UCO para que requisaran todos los correos corporativas del hermano del presidente del Gobierno, del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y de una serie de cargos de la Diputación en un intervalo comprendido entre el 1 de enero de 2016 -año en que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo- y el 31 de diciembre de 2022.
Se trata de una diligencia que solicitó la Guardia Civil ante la sospecha de que se habrían podido llevar a cabo "actos preparatorios" desde un año antes de la creación de la plaza para adjudicarla al hermano músico del líder del PSOE.
