Asociar las buenas prácticas en la menstruación a la justicia climática, apostar por “finanzas éticas” invirtiendo el dinero en alternativas “más sostenibles”, evitar vestir a la moda masiva porque atenta a la justicia medioambiental o reducir el consumo de alimentos de origen animal optando por los vegetales, son algunas orientaciones y recomendaciones dictadas desde el Gobierno de la nación y algunos autonómicos. En todos los casos, impregnadas del neolenguaje propio de la batalla cultural asentada sobre los derechos identitarios que en España enarbola el socialpopulismo del gobierno de coalición.

Ejemplo reciente de cómo esa cultura política asienta posiciones ha sido la exposición de intenciones del nuevo consejero y presidente in pectore de RTVE, José Pablo López Sánchez, ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. “La neutralidad no significa equidistancia cuando están en juego los derechos humanos y la democracia”, dijo, señalando que RTVE debe evitar la equidistancia en la “denuncia de casos de violencia de género”, “denuncia de discursos de odio contra un ser humano por razón de su origen” y en la “defensa de los derechos del colectivo LGTBI”. No precisó si el ente público radiotelevisivo tampoco debiera ser equidistante en la defensa de la Constitución o de la unidad territorial del Estado, etc.

La interpretación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas -origen de programas gubernamentales con la carga cultural identitaria y relativista- es el paraguas en el que se amparan diferentes políticas que buscan un nuevo orden, en el caso de los Estados Unidos de la mano de los liberales demócratas ahora derrotados por los populistas republicanos, mientras que en España esa bandera la sostiene la antigua izquierda devenida en el socialpopulismo del PSOE de Sánchez y sus aliados, junto a los independentistas catalanes y vascos. 

A aquellas disposiciones de la ONU se remite la Generalitat de Cataluña para justificar su Pla integral d’equitat menstrual i climateri,  donde establece que la “equidad de las mujeres y personas que menstrúan” ha de ser sostenible, económica, ecológica, perdurable, eficiente, feminista “y con la máxima proximidad”. Para cumplir con esos requisitos, el gobierno de Illa, como antes el de Aragonés, envía profesionales sanitarias a los colegios para impartir unas charlas de formación e higiene sexual con la particularidad de que han de ajustarse a la terminología elaborada por el Departament de Igualtat i Feminisme y con la consigna de hacerlo en catalán. De ese modo explican a las escolares que han de usar productos menstruales reutilizables evitando “las compresas y tampones desechables con elevado impacto medioambiental” para contribuir “al freno del cambio climático”.

El plan de la Generalitat cumple con la llamada “justicia de género” mediante “un abanico amplio de productos y de tallas (…)  Un abanico amplio de opciones también respecto al derecho a decidir (…) desde una perspectiva feminista y poniendo en el centro las mujeres”. En coherencia con las justicias climática y de género  la Generalitat ha repartido hasta el mes de abril de este año más de 300.000 bragas, copas y compresas reutilizables.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez los ministerios más empeñados en la batalla cultural por el orden nuevo que buscan los populismos y desde los que se exhibe más terminología de significado difuso, son los que están en manos de Sumar. Destaca el departamento de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, por la observancia en el lenguaje de género mediante el continuo desdoblamiento en femenino y masculino u otras fórmulas, con desigual resultado. Así, en la presentación de un comunicado del 30 de octubre sobre la DANA, evita el genérico consumidores y se refiere a “personas consumidoras vulnerables” aunque en las 70 líneas siguientes, previsiblemente redactadas por técnicos del ministerio, desaparece el desdoblamiento inclusivo empleándose el genérico masculino.

El departamento de Bustinduy ha hecho suyo el programa Manos a la Acción diseñado por ONU Medio Ambiente y UNSchool. Se trata de un conjunto de recomendaciones y orientaciones que enseñan a los ciudadanos cómo han de consumir para frenar la crisis climática. Aparte de una alimentación alejada de productos de origen animal y optar por dietas vegetales o de disuadir sobre la adquisición de productos desechables, el programa incluye mensajes como el que, bajo el título “Desacelera la industria de la moda”, recomienda no comprar “moda rápida que se produce en masa a costa de la justicia medioambiental y humana”. La pedagogía contra el cambio climático propone incluso contribuir a unas Finanzas Éticas por el siguiente método: “cambia de forma activa tus instituciones o servicios financieros por una opción más sostenible”.

La `Calculadora de Huella de la persona consumidora´ es uno de los servicios públicos más singulares que ofrece el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y la presenta así: “Te va a permitir saber cuál es el impacto ambiental de tu patrón de consumo. Además, comprobarás cómo los cambios en tu estilo de vida pueden modificar tu huella e impacto personal (…) podrás evaluar los impactos ambientales de tu consumo y contribuir así a alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”. Quien se adentre en el uso de esa calculadora ha de responder a más de cincuenta preguntas sobre hábitos de consumo de bienes y servicios hasta obtener un resultado en forma de advertencia en estos términos, o peores, acompañada de un gráfico: “Los impactos ambientales de tu consumo exceden el espacio operativo seguro para la humanidad por un factor 1.3”.

Como la terminología de la herramienta que mide la huella de la persona consumidora o la del plan de equidad menstrual o del consumo sostenible no resultan inteligibles para cualquier ciudadano, el socialpopulismo con inspiración woke sustituye en ocasiones el neolenguaje por una pedagogía ideológica o doctrinal al mezclar conceptos y situaciones sin relación entre sí. 

Así lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García, el mes pasado con ocasión del Día de la Salud Mental, manteniendo que la angustia vital “es consecuencia del desmantelamiento sistemático de los servicios públicos y del tejido social en los barrios de clase trabajadora” y añadiendo que  las mujeres también son blanco de “discursos que impactan de manera devastadora en la salud mental” poniendo como ejemplo “la deriva reaccionaria sobre el aborto o la campaña de Trump”. Del mismo modo que, añadió, “no hay salud mental que valga mientras un genocidio está perpetrándose en directo con 52.000 personas asesinadas”, coronando esas alusiones con “todas las sanciones contra el criminal Netanyahu, todas las acciones que tome la comunidad internacional, se quedan cortas”.

El lenguaje prototípico de esa batalla cultural a veces abandona los neologismos y la artificiosidad para comunicarse con una simbología más próxima a la emotividad que a la racionalidad. Así, cuando las webs y las redes de los ministerios están incluyendo comunicados claros y precisos en torno a la tragedia de la DANA, el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego ha aprovechado para una demostración simbólica de cercanía al pueblo valenciano encabezando su perfil oficial en X (antes Twitter) con el eslogan “Tots a una” adherido a la bandera valenciana y, en menor tamaño, “Acción de Gobierno”, lema institucional del Ejecutivo de Sánchez.

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