La llegada a Canarias de migrantes que salen de Mauritania, pero que son de África subsahariana o de zonas en guerra civil como Mali, país del que en las islas hay confinados 1.000 menas a la espera de un acuerdo de reparto en la Península del PSOE y PP porque el Gobierno no cuenta con respaldos suficientes en las Cortes, está generando un estrés en el sistema social que requiere dinero y recursos en origen porque, de lo contrario, va a seguir aumentando, de acuerdo con el último informe sobre estabilidad económica en esa parte de África occidental y al que ha tenido acceso Vozpópuli. El FMI por primera vez ubica a las islas Canarias en el eje de la desesperación y advierte que esto puede provocar inestabilidad en origen.
El informe de la organización financiera internacional de las Naciones Unidas señala que “los movimientos migratorios irregulares hacia Canarias” debilitan la capacidad de reacción de Mauritania porque “como la mayoría de los países de la subregión, no cuenta con una referencia estratégica transfronteriza en los marcos país-país, lo que impide alinear las inversiones transfronterizas en materia de consolidación de la paz con los objetivos del país, medir sus impactos y dificultar el anclaje de la Estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel (UNISS)”. En otro texto de otoño de 2024 elaborado por Abebe Aemro Selassie, director del Departamento de África del FMI, y por Vitaliy Kramarenko, director adjunto, no se menciona a Canarias aunque se destaca sobre Mauritania que hay "riesgos significativos para las funciones esenciales del Estado y empeorarán las condiciones sociales y humanitarias, que ya son deplorables"; y aboga por "el despliegue de más personal sobre el terreno, la intensificación del desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de las alianzas con actores humanitarios".
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan que las fuerzas de defensa son responsables de la seguridad del Estado y aspectos como el terrorismo, delincuencia transfronteriza, tráfico de drogas, seguridad fronteriza, tráfico de armas o la trata de seres humanos. Algo que “es de vital interés” y requiere “más recursos financieros, humanos y técnicos que deben ir acompañados de responsabilidades, incluso hacia los ciudadanos y sus derechos, con el fin de prevenir toda forma de abuso, y establecer un marco de confianza entre ellas y la población”.
El pasado mes de octubre, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, las autoridades mauritanas y el Observatorio Atlas-Sahel, que preside Lemine Katthary, acordaron poner en marcha mecanismos de cooperación para alertar a la UE vía España de las necesidades que tiene Mauritania para evitar que se rompa el equilibrio interno y se genere un clima social de riesgo por la presión de irregulares que hay en sus costas para dar el salto a Canarias. Esta agenda comenzó en abril de 2024 tras una reunión entre el director general de la Escuela Diplomática de Mauritania, Abdel Kader, y el rector de la URJC, Javier Ramos López. El primer efecto ha sido un convenio firmado en Mauritania el pasado octubre que va permitir el desembarco del centro universitario peninsular en Mauritania para respaldar la mejora de la gobernanza académica.
El FMI apunta que hay una bolsa de 17,8 millones de migrantes con intereses en moverse en el interior del continente, aunque “el dos por ciento viaja hacia el norte de África” donde “el 98 % de los migrantes abandonan el continente, lo que se atribuye a la proximidad de esta región a Europa, sus vínculos coloniales y poscoloniales con Francia, y los acuerdos de reclutamiento laboral firmados con países europeos desde 1960”. Buena parte de la diáspora de Mauritania está en EE.UU, Las Palmas y Francia. En este sentido, sugiere que “las remesas de los migrantes deben canalizarse mejor” en términos de “formalización de circuitos, costos de transferencia y oportunidades de inversión”. Lemine Katthary señala a Vozpópuli que “hacemos nuestro el informe del FMI, que se queda corto con el problema que hay”. Antes de la guerra de Ucrania y la llegada de mercenarios rusos a Mali, en 2021 se estimó que la población migrante ascendía a 120.296 personas solo en las ciudades de Nuakchot y Nuadibú, de las cuales 105.264 en Nuakchot.
El número de refugiados ascendió a casi 75.294, de los cuales 68.825 refugiados malienses vivían en el campamento de Mbera y sus alrededores, y 6.469 refugiados asentados principalmente en los grandes centros urbanos (Nuakchot, Nuadibú), pero estas cifras se han disparado “a la enésima potencia”, a juicio de Katthary: “Es una locura, esas cifras del FMI, del que compartimos el diagnóstico, son de un barrio de aquí de la capital; cuando vaya a Las Palmas lo diré con imágenes”, señala por teléfono desde la capital mauritana, y agrega que “el hecho de que el FMI cite a una región de España sobre un informe interno de Mauritania me parece muy grave; expone realmente el problema del que llevamos años alertando; estamos hablando de seguridad y de una zona turística, no sé si me explico", puntualizó.
En Mauritania, el 57% de la población tiene menos de 20 años y el 47% de las personas entre 15 y 24 años están desempleadas, con una alta tasa de abandono escolar que estaría "sobre el 80%". Los jóvenes mauritanos se enfrentan a numerosos peligros y frustraciones que los incitan a caer en la
radicalización y el extremismo violento. Mauritania ha puesto en marcha, sostiene el FMI, “un enfoque de desradicalización de los jóvenes, basado en el diálogo, la moderación y la tradición de la tolerancia de acuerdo con los preceptos del rito malikí" que "ya ha dado resultados gracias a la ayuda de los ulemas que han servido de mediadores para prevenir desviaciones entre los jóvenes”, sostiene el FMI.
No es la primera vez que el FMI considera problemática la gestión de la migración irregular que desemboca en Canarias, ya que en mayo pasado sugería a Mauritania “la mejora de las condiciones laborales, incluidas las de los migrantes” puesto que “también se observa que la inclusión de jóvenes
migrantes en el sistema educativo público sigue siendo limitada" al tiempo que agrega que "la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, especialmente en los aspectos de identificación y enjuiciamiento de criminales, desarticulación de redes y protección de las víctimas "requiere sensibilización de las fuerzas armadas y las agencias de seguridad sobre los Derechos Humanos, especialmente en relación con los derechos de niños y mujeres, fortaleciendo la aplicación de sanciones en caso de abusos”.
