Los servicios jurídicos del Congreso han informado en contra de la admisión a trámite de la iniciativa registrada recientemente por Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas para crear una comisión de investigación relativa a la "neutralidad política" en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas.
Esto es de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como 'Diplocat'.
Esta iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, se analizará este martes en la reunión que celebrará la Mesa del Congreso, que deberá decidir si da vía libre o no a su tramitación parlamentaria.
"No corresponde"
De momento, los letrados de la Cámara se muestran contrarios a su admisión a trámite porque consideran que "no corresponde a las Cortes Generales el control del Tribunal de Cuentas" en relación con el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Eso sí, este informe jurídico, como todos, no es vinculante.
Con su solicitud, los partidos firmantes pretenden que la Cámara abra pesquisas sobre "las presuntas irregularidades cometidas" por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y determine si tiene "legitimidad" y "competencia" para llevar a cabo estos procedimientos y con qué "límites" debe desarrollar su función jurisdiccional.
En concreto, demandan que se aclaren las "conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia", así como la "naturaleza política de las acusaciones" que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.
Sólo actúan contra el independentismo
En su propuesta, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata "irregularidades" de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige "responsabilidad" por ellas, y se limita a "recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control" por parte de las entidades que analiza.
Una situación que, a su juicio, "contrasta" con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.
"El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad", argumentan los proponentes, que recuerdan que hasta la fecha ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.
