El punto común entre policías y guardias civiles es que van a salir a las calles en protesta por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, recién anunciada por el Gobierno. Consideran que la decisión merma sus derechos y piden al Ejecutivo que escuche sus opiniones antes de redactar un texto definitivo. Pero la organización de las protestas evidencia la fragmentación interna entre sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos. Hasta el momento hay convocadas dos jornadas de manifestaciones. Y aún quedan por celebrar reuniones de coordinación entre los representantes para estudiar el devenir de las movilizaciones.
Sobre el calendario hay dos fechas marcadas en rojo -24 y 27 de noviembre- para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado manifiesten su malestar por la modificación de la ley. La convocatoria no sólo se extiende a policías nacionales y guardias civiles, también a cuerpos autonómicos y locales, ya que la modificación legislativa afecta a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero son los azules y los verdes los que llevan la voz cantante a la hora de organizar las protestas. Más concretamente, los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y es ahí donde se evidencias las fisuras, que ahora tratan de minimizar para que no afecte negativamente al transcurso de las protestas y, por tanto, tergiverse el espíritu de sus reivindicaciones.
Las diferencias estallaron el pasado jueves, 11 de noviembre, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, arrancó su ronda de reuniones con sindicatos y asociaciones para hablar de la reforma legislativa. Tras salir del encuentro, Jupol anunció una movilización para el 27 de este mismo mes. La convocaban junto a su asociación hermana de la Guardia Civil, Jucil, bajo el paraguas de su plataforma Jusapol.
Protestas contra la 'Ley Mordaza'
Las diferencias no tardaron en quedar en evidencia. Desde otros sindicatos y asociaciones aseguraban que Jusapol había tomado la iniciativa sin tener en cuenta las consideraciones de otros representantes y que trataban de capitalizar las protestas. Desde Jusapol, no obstante, afirmaban que su convocatoria era abierta y que había espacio para todas las organizaciones sindicales y asociativas. A ella se sumaron la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
Fuera como fuese, los grupos discrepantes con la decisión de Jusapol anunciaron que sus movilizaciones tendrían lugar el 24 de noviembre ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Por parte de la Policía convocaron el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Unión Federal de Policía (UFP); del Instituto Armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil.
Otras voces manifestaron públicamente su inquietud por cómo afectarían esas discrepancias al futuro de las protestas. Unión de Oficiales y Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, ambas del Instituto Armado, expresaron su malestar por haberse formado “dos bloques claramente diferenciados”, hicieron un “llamamiento a la unidad” y arremetieron contra el “ninguneo del Ministerio del Interior” por su gestión en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Igualmente, Independientes de la Guardia Civil apuntó que “no podemos quedarnos indefensos jurídicamente”. Y Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que se quedó sin vocal tras las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, denunció el “veto” de otras asociaciones representativas tras impedirles participar en reuniones de organización.
Así las cosas, y tras evidenciarse las fisuras internas, sindicatos y asociaciones tratan de cerrar filas y lograr la mayor movilización posible en ambas fechas. Unos y otros han lanzado comunicados en los que ahora apoyan todas las convocatorias, anuncian su participación en los dos encuentros y animan a los uniformados a sumarse a las protestas. Incluso se ha creado una plataforma policial que incluye a buena parte de los representantes sindicales y asociativos para organizar los actos. Sus comentarios, no obstante, aún contienen reflexiones sobre cómo se debería actuar en las fechas venideras.
Con todo, aspiran a conseguir la mayor movilización posible, incluso entre las formaciones políticas. Consideran que aún hay tiempo para que el Gobierno reconsidere su postura sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y, por el momento, hacen un llamamiento para enterrar las discordias latentes entre asociaciones y sindicatos. Al menos, hasta que se celebren las dos manifestaciones anunciadas.
