La pregunta de por qué el Gobierno de Mariano Rajoy se ha lanzado en este momento de la legislatura a cambiar la regulación de una materia tan sensible como el aborto (el expresidente José María Aznar nunca se adentró en esta aventura) continúa generando debate interno en las filas populares. En paralelo a los anuncios de la oposición sobre las ofensivas que desplegarán tanto en España como en Europa para que el Ejecutivo retire el anteproyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada, presentado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, reaparecen voces del PP que creen que el Gobierno podría haberse precipitado en esta reforma.
Así, afean al ministro de Justicia, Alberto-Ruiz-Gallardón, que no se haya esperado al fallo que debe dictar el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos contra la ley Aído que presentó tanto el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados como el Ejecutivo de Navarra. “Es innegable, ante las próximas elecciones europeas, que el Gobierno ha demostrado a los que le depositamos nuestra confianza que cumple con su programa electoral; otra cosa es el manejo de los tiempos y a veces en política esto se puede volver en contra”, señala un dirigente popular a Vozpópuli.
“El Gobierno era consciente de que tras la polémica que generó la ley de Zapatero cualquier otra revisión del aborto iba a provocar el rechazo de, al menos, un 50% de la población, y eso habría que haberlo reflexionado más”, comenta a este diario otro destacado cargo del PP.
"El Gobierno era consciente de que tras la polémica ley de Zapatero cualquier otra revisión del aborto iba a provocar el rechazo de, al menos, un 50% de la población", señala un destacado cargo del PP
La posibilidad de que el Ejecutivo retrasara la puesta en marcha de la nueva normativa generó también división interna cuando el pasado julio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reveló en un corrillo con periodistas en el Congreso que la prioridad del Ministerio de Justicia era la reforma del Código Penal y no el aborto. Estas palabras de la número dos de Rajoy fueron interpretadas en el ala más conservadora del PP como un indicio de que Moncloa podría estar aguardando a la resolución del TC con el fin de elaborar el texto más garantista posible.
Este sector del partido profundamente identificado con los colectivos provida llegó a esgrimir que si el Gobierno aplazaba la reforma estaría desoyendo el mensaje que le trasladaron las Cortes en mayo de este año. La Cámara Baja, con el voto de PP; UPN y Foro Asturias, rechazó una iniciativa del PSOE que pedía al Ejecutivo que esperase al pronunciamiento del TC sobre la ley del aborto de 2010. La moción socialista sí contó con el apoyo de los diputados de Convergéncia, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Compromís y Amaiur. Por su parte, parlamentarios de Unió, UPyD y la diputada Ana Oramas (CC) se abstuvieron.
Sin apenas retoques en su tramitación
El propio Ruiz-Gallardón se mostró en contra de dicha espera el pasado marzo durante una intervención en el Senado, donde subrayó que el TC ya se ha pronunciado hasta “tres veces” al respecto. Un “no” rotundo al aplazamiento que el ministro ha estado dispuesto a defender incluso en la mesa del Consejo de Ministros, donde las decisiones se adoptan de forma colegiada.
Desde el Gobierno, el argumento es que la nueva ley se ajusta plenamente a los derechos fundamentales de la Carta Magna, por lo que están convencidos de que la normativa pasaría el filtro del TC en caso de ser recurrida. Un extremo al que apuntó ayer la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien en los últimos meses se ha convertido en estandarte de los socialistas a la hora de marca estrategia, algunas veces por delante incluso del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En Moncloa están absolutamente convencidos de que el anteproyecto de ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada apenas experimentará retoques en su tramitación parlamentaria y salvaría “con un amplio acuerdo” de los magistrados cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional.
De momento, el anteproyecto ha recibido el rechazo de buena parte de los socios europeos, que han calificado sus directrices de “abusivas”. En cambio, el texto sí ha obtenido el respaldo del presidente de honor del ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, quien cree que el paso dado por el Gobierno de Rajoy demuestra “que se puede actuar en la materia con mesura, inteligencia y preocupación por el respeto a la vida”.
