"Carme Forcadell pasará la noche en prisión por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española". De esta forma, el expresidente Carles Puigdemont comentaba desde Bélgica, y a través de la red social Twitter, la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dictar prisión eludible con una fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña.
Sin embargo Puigdemont, que permanece fugado en Bruselas junto a los exconsellers Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, huidos de la justicia española desde el 30 de octubre, no ha aludido a un pasaje del auto, que el jueves por la noche dictó el magistrado Llarena, en el que se especifica que para dictar la fianza de Forcadell ha tenido en cuenta la circunstancia de que los imputados, en referencia a la presidenta del Parlament y los otros integrantes de la Mesa de la Cámara, se han presentado siempre que han sido citados, "a diferencia de otros encausados que se encuentran actualmente fugados”.
Este clara referencia a la huida de la justicia de Puigdemont de Llarena, cuyas decisiones utilizan los independentistas para atacar a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que envió a prisión provisional sin fianza al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers, agravan todavía más la situación en la que se encuentra el expresident catalán, sobre el que recae una orden de captura y detención internacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Es decir, ya no es sólo la juez Lamela la que incluye en sus autos en los que decreta la prisión para Junqueras y los otros exconsellers, sino que ahora es también Llarena, que podría asumir todo el procedimiento, el que afea la fuga de Puigdemont, que con esta espantada podría haber retrasado su comparecencia antes la justicia española al menos tres meses.
"Estructura estable"
Y para empeorar todavía más su situación, el cesado presidente catalán ha anunciado la creación de una "estructura estable" para "coordinar las acciones del Govern" desde Bélgica, que considera "legítimo" y que se marca como "hoja de ruta" la victoria del independentismo el 21D y la libertad de los "presos políticos", según informa Efe.
Fuentes judiciales aluden a que esta forma de actuar podría suponer un nuevo delito, en esta caso de usurpación, ya que Puigdemont fue destituido por el presidente Mariano Rajoy tras aprobar el Senado la ejecución del artículo 155 de la Constitución española.
Las citadas fuentes explican que con su fuga Puigdemont y los otros cuatro que le acompañan ha demostrada una intención evidente de ponerse fuera del alcance de la justicia española: "Eso es el riesgo de fuga. Se ha ido a Bélgica provocando a sabiendas la tramitación de una Orden Europea de Detención y tratando de que esa orden no se cumpla, en un intento de evitar responder de sus actos ante los tribunales españoles".
La de Puigdemont es la conducta "más clara de riesgo de fuga" y ello determinará "previsiblemente su ingreso en prisión provisional una vez que sea puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas"
Por eso, siempre según las citadas fuentes judiciales, la de Puigdemont es la conducta "más clara, y por ello puede encajarse en el riesgo de fuga del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), y esto previsiblemente determinará su ingreso en prisión provisional una vez que sea puesto a disposición de las autoridades judiciales".
Sin embargo, desde Bruselas Puigdemont ha asegurado que actuarán "apoyados por una estructura estable que ponemos en marcha hoy para coordinar las acciones del Govern" y que denunciarán "la politización de la justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas" y reafirmará "la apuesta del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, por el diálogo y por una solución acordada".
En este sentido, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), Ignacio González Vega, ha resaltado también a Vozpópuli que el principal problema de Puigdemont es que en estos momentos la justicia belga está examinando la orden de detención de la justicia española, por lo que podría ser puesto a disposición de la juez Lamela o en su caso del propio Llarena en los próximos meses.
Medidas cautelares
La Justicia belga dejó en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros con medidas cautelares como la prohibición de salir al extranjero sin permiso del juez de instrucción, tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas.
Entre esas medidas, además, figuran la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, según explicó el portavoz del Ministerio Público belga.
No obstante, el portavoz de la Fiscalía matizó que, en caso de que no se ordene su ingreso en prisión, como ha sido el caso de Puigdemont, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
