Los alquileres sociales de Sareb, la compañía del Estado que gestiona y vende desde 2012 los inmuebles procedentes de entidades financieras, tendrán "seguramente continuidad" después de 2027, cuando esta sociedad, creada para dar salida a estos activos de la banca rescatada, finalice su actividad, pues el propio plazo de los contratos, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así lo determina.
"Habrá un proceso ordenado de asignación de los activos", explica en una entrevista con EFE el director de Vivienda Social Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha, que añade que dentro de ese marco se decidirá si van a las Administraciones Públicas o a una entidad, en función de su tipología.
"Sareb tiene previsión de finalizar su actividad en 2027, pero (entonces) no va a implosionar ni desaparecer", recalca Pérez de Acha, que ha sido director general de Sogeviso, filial del Banco Sabadell, donde desarrolló un porfolio de más de 12.000 viviendas en alquiler junto con un programa de acompañamiento social e inserción laboral destinado a los inquilinos.
Una iniciativa similar a la que ahora dirige en esta sociedad, que se animó a lanzarla por dos motivos. El primero, por el principio de sostenibilidad y de utilidad social incorporado a su mandato en 2022, cuando el Estado, a través del FROB, se convirtió en el accionista mayoritario de Sareb.
Pero también por un tema económico. "No podíamos avanzar en la recuperación del activo porque había una familia vulnerable, pero tampoco teníamos un mecanismo para ordenar esta situación", dice, y admite que a la sociedad le resulta más ventajoso recibir una renta baja -el importe medio mensual es de 190 euros- que tener inmuebles en situación "totalmente alegal".
Aunque no proporciona el porcentaje de activos ocupados heredados por Sareb, Pérez de Acha asegura que es "bastante estándar" respecto al del resto del sector. De estos, un porcentaje "ínfimo" lo está por motivaciones "más ideológicas o antisistemas, o incluso, por perfiles conflictivos".
Otros, fundamentalmente vulnerables, han accedido comprando unas llaves o porque el inmueble estaba vacío. Sin embargo, un perfil muy importante lo constituyen familias que habían firmado un alquiler previo con el antiguo promotor. En estos casos, la sociedad estudia los contratos para constatar su validez.
El retrato robot de estos espacios son viviendas "bastante estándar" y "muy utilitarias", con un valor de unos 90.000 ó 100.000 euros, que se estaban construyendo o se finalizaron en 2012.
Condiciones para acceder
Para acceder a este programa se han de cumplir, eso sí, ciertos requisitos.
Cuando Sareb detecta una familia en una vivienda, realiza un análisis de vulnerabilidad. De salir positivo, le propone la firma de un contrato de alquiler con una renta que, en ningún caso, puede superar el 30 % de sus ingresos. Esto conlleva unos precios que, por lo general, están casi un 60 % por debajo de mercado.
Al aceptarlo, los integrantes asumen, además, un plan de acompañamiento y, de ser posible, un programa de inserción laboral. Se trata de una condición 'sine qua non' para resultar beneficiarios de la iniciativa, y es que el objetivo es que "vaya mejorando su situación socioeconómica".
"Ni le buscamos trabajo ni le pedimos ayudas. Lo que hacemos es explicarle qué ayudas públicas hay, cómo las puede solicitar... Y luego, la familia las pide o no", indica Pérez de Acha.
¿Y si la familia no es vulnerable o no colabora?. "Seguimos con el procedimiento judicial para recuperar el activo y venderlo para cumplir con nuestro mandato de liquidación", aclara.
A cambio, Sareb cuenta con una serie de obligaciones, como habilitar la vivienda para que cumpla con la normativa.
"Hacemos una inversión media de unos 3.500 euros por cada una para conseguir el certificado energético, la cédula de habitabilidad y dejar a disposición de la familia que pueda dar de alta los suministros", cuenta el directivo.
Del mismo modo, se cercioran de que estos usuarios estén en contacto con los servicios sociales, y hacen una suerte de "celestinaje" entre quienes se encuentran desempleados y en edad de trabajar y posibles ofertas laborales.
Las cifras del programa
En dos años, Sareb ha aprobado más de 7.500 alquileres sociales que benefician a unas 23.000 personas. Actualmente, más de 4.000 familias están en el plan de acompañamiento, y cerca de 2.900 personas en el de inserción laboral, con el que se han logrado 230 incorporaciones.
A tenor de los datos proporcionados por la sociedad, los sectores en los que buscan trabajo estas familias son limpieza y mantenimiento (el que más con un 44 %); hostelería y comercio, construcción, y almacenamiento y logística.
Por otra parte, un 22 % de las familias han mejorado sus ingresos en una media de unos 340 euros al mes.
En cuanto a las ayudas, hasta la fecha, se han concedido más de 1.800 fruto de las gestiones del programa, por un importe conjunto superior a los cinco millones de euros.
Entre ellas hay cerca de 300 solicitudes aprobadas de Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como becas (520 concedidas), bonos para suministros y alimentos (más de 340), y ayudas para colectivos vulnerables (unos 450).
Previsiones para 2024
De cara a este 2024, Pérez de Acha espera formalizar más de 2.000 nuevos alquileres, y seguir con un "comportamiento muy bueno" tanto desde la perspectiva social como económica. Por lo pronto, el programa está teniendo un impacto positivo en la morosidad.
Ahora, el 90 % de las familias pagan su alquiler. En el modelo anterior, donde no había plan de acompañamiento, la tasa de impagados superaba el 70 %. "No estamos haciendo magia. Un elemento clave es el acceso a las ayudas públicas y al mercado laboral", concluye el director de Vivienda Social Asequible de Sareb.
