Madrid, Galicia, País Vasco y Andalucía mantienen su pulso contra el gobierno, pese a que este sábado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las nuevas medidas de desescalada contra la covid-19 y que son de obligatorio cumplimiento, aunque no fueron aprobadas en consenso por todas las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial de Salud.
La Comunidad de Madrid ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos las medidas restrictivas “obligatorias” al ocio nocturno y la hostelería para recurrir ante la Audiencia Nacional la orden publicada por el Ministerio de Sanidad en el BOE. Estas medidas fueron comunicadas en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública (CISNS) y generaron el inmediato rechazo de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia y del País Vasco, que no participó en la reunión.
Este sábado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, después de recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, aseguró que la intención es seguir aplicando el “modelo de Madrid” de lucha contra la pandemia en la región, que registra una incidencia de 150 casos por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.
"No vamos a permitir que se produzca ese retroceso en la vuelta a la normalidad" en Madrid, ha insistido el consejero, porque las medidas impuestas por el Ministerio están "fuera del sentido común", son "incongruentes" y siguen el criterio de "semáforos", que está "muy alejado de la realidad".
Escudero además señaló que su departamento trasladó a los servicios jurídicos la orden del ministerio para determinar qué medidas son aplicables dentro del modelo de medidas de Madrid.
Estas afirmaciones del consejero Ruiz Escudero se dan pese a que el Ministerio de Sanidad actualizó este viernes su ´semáforo covid´ en donde se saca a Madrid del nivel de alerta 3, por lo que no será necesario que la comunidad cierre el interior de sus bares o que posponga la apertura de discotecas.
Galicia no aplicará las medidas por ahora
Por su parte, la Xunta de Galicia también confirmó que seguirá “su hoja de ruta” para la desescalada, dejando a atrás las exigencias ordenadas este viernes por la cartera de la ministra Darias.
"La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades autónomas y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto celebrado en la mañana de este sábado en Santiago.
El número dos de la Xunta dejó claro que dependiendo del informe que presente el departamento jurídico se determinará si Galicia aplicará o no las medidas para la desescalada diseñadas por el gobierno central.
El País Vasco mantiene su 'hoja de ruta'
En el País Vasco el Gobierno del lehendakari, Íñigo Urkullu, también se mostró en desacuerdo con la aplicación de las medidas publicadas este sábado en el BOE. El gobierno Vasco reiteró que las medidas preventivas que aprobó el pasado lunes están todavía vigentes, indistintamente de la resolución con los acuerdos de la interterritorial del miércoles.
El Ejecutivo de Vitoria ha insistido en que en el País Vasco está vigente la Declaración de Emergencia Sanitaria aprobada el 17 de agosto del año pasado y el plan "Bizi Berri" que recoge las medidas en función de la situación epidemiológica.
Ha explicado que ambos elementos amparan al consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, que preside el lehendakari, Iñigo Urkullu, para adoptar las medidas preventivas mediante los correspondientes decretos.
Ha recordado que, por lo tanto, en el País Vasco, que sigue con una incidencia acumulada por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, se mantienen los horarios y aforos en la hostelería y en las actividades socio culturales y comerciales que entraron en vigor el pasado miércoles.
Andalucía se suma a las críticas
Desde Andalucía continuaron este sábado las críticas a las nuevas restricciones, el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha señalado, sobre las nuevas restricciones al ocio nocturno y la hostelería, que el Gobierno central "no cuente con Andalucía para dar el golpe de gracia" a este sector.
Durante su intervención en un acto político del PP en Ronda (Málaga), Bendodo ha incidido en que la hostelería y el ocio nocturno suponen más de 50.000 negocios en la comunidad, que emplean a casi 300.000 andaluces y generan 18.800 millones de euros, el 7 por ciento del PIB.
"Que el Gobierno de España no cuente con nosotros para arruinar definitivamente a la hostelería y al ocio nocturno, que han estado muy castigados durante toda la pandemia y han hecho un esfuerzo", ha manifestado.
Ha argumentado que el Ejecutivo central quiere "imponer" a las comunidades autónomas unas normas que "no son competencia del Estado", sino de las autonomías, por lo que Andalucía va a seguir con las suyas, y va a "apoyar" al sector de la hostelería y el ocio porque ha estado "muchos meses pasándolo mal".
