El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante la Audiencia Nacional la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros sanitarios impuesta por el Ministerio de Sanidad a principios de este año ante el incremento de las infecciones respiratorias.
Este recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al conjunto de la orden del Ministerio coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la rebaja de obligatorio a recomendable del uso de este elemento protector para personas con síntomas, mayores o vulnerables, debido a la mejora de los datos de incidencia de la gripe, covid y otras enfermedades respiratorias en las dos últimas semanas.
El Ejecutivo autonómico argumenta que el Gobierno central tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las comunidades autónomas, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), algo que "no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia", y se supone como "requisito" de la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Decisión "improvisada" de la ministra
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha explicado que esta decisión fue "improvisada" por la ministra de Sanidad, Mónica García, y sin el consenso de las comunidades autónomas.
Para la Comunidad de Madrid "no existía" la situación "urgente de necesidad" de imponer esta medida, ya que no ha sido diferente a años anteriores ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios.
Este recurso se suma a las diferencias existentes entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por lo que creen un "uso irregular de la declaración de actuaciones coordinadas desde este departamento gubernamental".
El Ejecutivo autonómico recuerda que se encuentran abiertos dos procedimientos judiciales presentados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra dos ordenes comunicadas del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, contra las restricciones de movilidad en septiembre de 2020 y otro contra la orden de marzo de 2021 y que supuso el cierre perimetral en la mayoría de las autonomías, entre ellas Madrid, durante el Puente de San José y Semana Santa.
