La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una auditoría sobre el sistema de protección de menores de la región tras el caso de las menores prostituidas por una mafia cuando salían de los centros. Así lo anunciará hoy la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid. La auditoría la realizará la Inspección de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Además, la Comunidad se compromete a informar de la colaboración en la investigación policial de la denominada Operación Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores, varias de ellas tuteladas en centros de la Comunidad.
La auditoría funcional encargada al departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty se pondrá en marcha “este semestre”, y pretende analizar la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de la región.
La Inspección de Servicios de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo deberá “identificar aspectos del funcionamiento de esta red que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión”, según fuentes regionales.
80 alertas sobre las menores
Las mismas fuentes aseguran que la Comunidad de Madrid “alertó en más de 80 veces a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas” que figuran como testigos protegidos en la trama de explotación sexual en la denominada Operación Sana. El Gobierno regional asegura que “durante el último año y medio” presentó escritos “sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores”.
Tambien , y siempre según la versión ofrecida por el Gobierno regional, intentó “sin éxito” que la Fiscalía y los juzgados incrementaran la protección de una de ellas ante el riesgo que corría cuando salía de las instalaciones “en estas ausencias voluntarias”, y llegó a denunciar –aseguran las mismas fuentes regionales- “en tres ocasiones los abusos sexuales sufridos por otra de estas menores cuando no estaba en el centro”.
En este sentido, la Comunidad insiste en que su responsabilidad es proteger a los menores “en el interior de los recursos”m y que lo que suceda fuera de los centros y las protección de los chicos y chicas depende de “las autoridades policiales y judiciales”.
La Comunidad de Madrid cuenta con casi 1.500 menores residentes en centros de protección. Solo en 2021 las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros con autoridades policiales y judiciales superaron las 5.400.
La inmensa mayoría de ellas (casi 5.000) –según informa el Gobierno regional- son denuncias de ausencias voluntarias de menores al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional para su localización y devolución. También hay un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y por encima de 100 comunicaciones a la Fiscalía de Menores. Además, desde 2016 la Comunidad de Madrid se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados con el objetivo de defender sus intereses
Un centro “abierto”
En concreto, los expedientes de las tres menores tuteladas testigos protegidas en esta operación suman en el último año y medio más de 80 comunicaciones entre sus centros de residencia y distintos estamentos policiales y judiciales. Entre las tres han declarado ya 13 veces ante los investigadores de la Policía Nacional. Las tres chicas residen en un centro de protección de la Comunidad de Madrid especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta. “Como todos los recursos de la red de protección, se trata de un centro abierto: sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor”, aclara el Gobierno madrileño.
