Madrid

37 personas son investigadas por delitos urbanísticos en la Comunidad de Madrid

Las construcciones irregulares son, en su mayoría, de fácil montaje, como casas móviles o estructuras de madera con solera de pallets o zahorra que estaban instaladas en espacios abiertos con protección especial

  • Un agente de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil han investigado a 37 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en varias localidades de la Comunidad de Madrid, en una operación en la que se han detectado 32 edificaciones construidas sin licencia urbanística.

Las construcciones irregulares son, en su mayoría, de fácil montaje, como casas móviles o estructuras de madera con solera de pallets o zahorra que estaban instaladas en espacios abiertos con protección especial, indica la Guardia Civil en una nota.

Durante las inspecciones se detectaron vertidos de agua residuales en parcelas agrícolas cercanas a las construidas, ubicadas en terrenos que han sido objeto de parcelación ilegal previa a través de escrituras de compraventa entre particulares, un procedimiento que no está permitido en suelo no urbanizable.

Los efectivos iniciaron la investigación tras un requerimiento de la Fiscalía General del Estado al UPRONA para elaborar un informe sobre la proliferación de construcciones ilegales en suelo no urbanizable en el entorno del paraje de la Vega del Tajuña, en los municipios de Titulcia, Chinchón y Morata del Tajuña.

Al mismo tiempo, en enero de 2022, la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares y la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés emitieron requerimientos para la investigación de estas edificaciones en municipios pertenecientes a su ámbito de competencia.

En la investigación han participado los ayuntamientos afectados y la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que aportaron una relación de las construcciones realizadas en los últimos años, el plazo de prescripción penal de los hechos e impidieron el desarrollo de las obras ejecutadas en el momento para evitar la creación de núcleos urbanísticos ilegales.

Tras la operación y la investigación a 37 personas se han elaborado doce expedientes administrativos más relacionados con construcciones ilegales.

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