La empresa Seguridad Canaria ha pedido a la Unión Independiente de Trabajadores, un grupo sindical de vigilantes de seguridad del Metro de Madrid, 175.000 euros por una huelga que convocaron en junio y “por daños en su imagen”, según explicó un portavoz de este grupo.
La demanda ha sido presentada en el Instituto Laboral, el servicio de mediación de la Comunidad de Madrid, donde fue rechazada por los abogados de los trabajadores. Este sindicato cree que la empresa busca que la parte social no denuncie “los constantes incumplimientos del convenio colectivo”.
Este grupo tiene convocada una huelga para los próximos días 6,7,8 y 9 de septiembre en caso de que no cobren sus nóminas y los retrasos que les adeudan y que tienen reclamados en los juzgados. Por su parte, UGT dijo que si el día 5 de septiembre no han cobrado las nóminas “habrá conflicto laboral en la seguridad del Metro”.
La decisión se produce tras la comunicación de la dirección de Seguridad Integral Canaria del cese de su actividad y abandonar el mercado de vigilancia en algunas zonas de España. Los trabajadores temen quedarse sin sus salarios después de que esta compañía ya haya dicho que abandona parte de su negocio.
Seguridad Canaria tiene contrato hasta el mes de octubre, fecha en la que el Metro tiene previsto adjudicar un nuevo contrato por valor de 300 millones de euros para gran parte de la red.
Esta empresa presta servicio en la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de la Línea 5 y parte de la Línea 6. 400 profesionales de esta compañía, sumida en una importante crisis desde hace meses, patrullan por los trenes y andenes de la red.
UGT ha pedido a la dirección del Metro que Seguridad Canaria deje de prestar sus servicios y que se dé una salida cediendo el servicio a una empresa que cumpla con el convenio colectivo. Estarán vigilantes por si se produce una cesión a alguna empresa satélite y amenazan con una oposición “contundente” de los trabajadores si se produce una maniobra de este tipo.
UGT exige que Metro de Madrid adjudique los concursos a empresas solventes y fiables para evitar situaciones como la que se ha venido produciendo en los últimos años con esta compañía.
Los sindicalistas consideran que la contratación pública bajo la apariencia de legalidad esconde con estas empresas 'low cost' precariedad en el empleo, dumping social, eliminar derechos sociales y bajar los salarios de los trabajadores.
