En Moncloa o por escrito: Peinado tendrá la última palabra sobre la declaración de Pedro Sánchez

La carta remitida por Pedro Sánchez al juez que investiga a su mujer por dos delitos no despeja el horizonte de su cita judicial del próximo martes 30 de julio. El presidente del Gobierno ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que, a tenor de lo recogido en la Constitución, le tome declaración por escrito, si bien esta solicitud no necesariamente tiene que ser acogida por el instructor, quien ahora tiene en su mano dar respuesta al ofrecimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que se trata de una situación incierta puesto que ni hay doctrina ni jurisprudencia sobre la comparecencia de un presidente del Gobierno en fase de instrucción. Así pues, todo depende de cómo el juez Peinado interprete la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a partir de la cual se regulan este tipo de citaciones.

Lo que sí parece claro es que el instructor de la causa tiene la última palabra en relación a cómo se producirá esta diligencia, que fijó para el 30 de julio a las 11.00 horas. Para empezar, Peinado tiene en su mano contestar al escrito de Sánchez o incluso no dar acuse de recibo del mismo, puesto que no es usual que un testigo se dirija a un procedimiento.

El escrito de Pedro Sánchez

En ocasiones puede ocurrir para solicitar el aplazamiento de una citación o bien remitir alguna información relativa a la misma, pero lo habitual es que los testigos no irrumpan en los procedimientos en los que son llamados. Así pues, lo primero que habría que esclarecer es la forma en la que Pedro Sánchez se ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid puesto que, en función de cómo lo haya hecho, la reacción del juez puede ser una u otra.

El presidente del Gobierno, que fue citado como testigo el lunes para dar parte de las actividades de su mujer, Begoña Gómez, ha aludido al privilegio que le otorga la ley para responder a las preguntas por escrito. De esta forma pretende eludir lo acordado por Peinado, quien pretende acudir a Moncloa para tomarle declaración en el palacio presidencial.

En el escrito, Sánchez habla de su "voluntad de colaborar con la Administración de Justicia", pero "en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución". Al respecto, alude al artículo 412 de la LECrim -el cual, en su punto segundo, regula todas las figuras que están exentas de acudir a una citación judicial- y dice que es "notorio" que su comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno".

La condición en el marco de la cual es llamado a declarar es clave. El juez fue claro en su providencia en cuanto a que le cita para responder "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo". Este supuesto, que se regula en el apartado tercero del mismo artículo, estipula que la diligencia se llevará a cabo en su domicilio o un despacho oficial.

Así pues, el juez, por un lado, y el presidente del Gobierno, por otro, apelan a diferentes apartados de un mismo artículo. Para Sánchez, la citación se produce por su condición de presidente del Gobierno y, en ese sentido, la ley le exime de tener que concurrir al llamamiento de un juez (que no de declarar).

Las opciones de Peinado

Se trata de un privilegio del que gozan también los ministros del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado, el presidente del CGPJ y los presidentes de las comunidades autonómicas. Todos ellos pueden informar por escrito "sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".

Así pues, Pedro Sánchez mantiene que el conocimiento que pueda tener de los hechos investigados sobre su mujer lo es en condición de su cargo de presidente del Gobierno, mientras que Peinado le cita por cuestiones que le afectan y que no guardaría relación con el cargo que desempeña. Partiendo de esta base, el juez puede ahora optar por tres vías.

La primera sería ignorar el escrito si no llega por los cauces reglamentarios del juzgado; esto es, vía procurador o remitido directamente al órgano judicial. La segunda opción sería acceder a lo planteado por Pedro Sánchez y facilitarle un cuestionario con las preguntas. La tercera y que varias de las fuentes consultadas por este medio ven especialmente factible, es que mantenga su hoja de ruta.

"Es un supuesto muy particular. No hay apenas doctrina ni jurisprudencia. La cuestión es interpretable", indican las fuentes consultadas. Con todo, suele ser una práctica habitual que estos cargos traten de evitar a toda costa el paseíllo o una declaración grabada. Su antecesor al frente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió comparecer en el juicio de la Gürtel por videoconferencia, pero el tribunal le obligó a asistir presencialmente la sede de San Fernando de Henares.

Las acusaciones quieren que comparezca

Más recientemente, tres ministros del Gobierno de Sánchez se han acogido al privilegio de responder por escrito en una causa en la Audiencia Nacional. Félix Bolaños, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska respondieron por carta a las preguntas del juez que investiga el espionaje de Pegasus. Llama la atención que los dos últimos no acudieran a sede judicial pese a ser perjudicados directos. Bolaños, por su parte, ni tan siquiera respondió al ofrecimiento del juez para comparecer por videoconferencia.

En el caso del presidente del Gobierno la situación es distinta puesto que se le va a preguntar por los negocios de su pareja. La propia LECrim establece en su artículo 416 que, aunque se le cite como testigo, está dispensado de declarar sobre parientes y cónyuges; como es el caso. Así pues, podría optar por el silencio como ya ha hecho Begoña Gómez hasta en dos ocasiones en sede judicial.

En ese sentido las acusaciones se han dirigido al juez Peinado tras tener conocimiento de la carta del líder del PSOE y le han pedido que mantenga su decisión de tomarle declaración grabada desde Moncloa. Vox, Iustitia Europa, Movimiento de Regeneración Política de España y Hazte Oír han recordado que no solo está imputada Begoña Gómez, sino también Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache.

El juez imputó al empresario aragonés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid tras explicar ambos, en calidad de testigos, que mantuvieron encuentros con Begoña Gómez en Moncloa. En el caso del primero de ellos, matizó, además, que estuvo presente en dos ocasiones Pedro Sánchez.

El juez, que abrió causa a raíz de una denuncia de Manos Limpias por los delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares, investiga, por un lado, si Begoña Gómez pudo influir en las adjudicaciones públicas a Barrabés y, por otro, todo lo relativo a su máster y cátedra en la UCM.