Las acusaciones del caso Neurona siguen adelante en su intento por esclarecer los detalles del contrato con Podemos. La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege ha solicitado al magistrado Juan José Escalonilla que recabe de la mexicana Neurona Consulting los contratos que acreditarían que trabajadores a sueldo de la consultora llevaron a cabo el trabajo contratado por Unidas Podemos para la campaña electoral de 2019. La formación morada, por su parte, se opone frontalmente a esta diligencia.
La petición se formuló días antes de que el instructor de esta causa decidiera prorrogar por medio año más las diligencias, pese al criterio contrario de la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha ido cerrando muchas de las líneas de investigación abiertas contra el partido desde julio de 2020, si bien prorroga estas pesquisas al considerar que, en lo relativo al contrato con Neurona, habría indicios de delito electoral.
En ese contexto la asociación Pro Lege ha reclamado que se recabe de Neurona los acuerdos "laborales o mercantiles" que acreditarían que sus empleados realizaron los trabajos en los comicios generales de abril de 2019. En concreto pide el contrato de los trabajadores Waldemar Aguado, Franco Bertozzi y Alejandro Neyra. El objetivo es clarificar "la veracidad" del acuerdo laboral, pero también el objeto de las prestaciones contratadas, cuánto duraron y lo que costaron. También quieren incorporar los permisos de residencia o visados de estos trabajadores que se habrían desplazado a España.
Destino final de los fondos
Además de dirigirse a México, esta asociación pretende que el juez recabe de Neurona Comunidad la documentación que acredita que es una filial de Neurona en España, ya que los trabajos realizados por la matriz fueron facturados por esta firma. Con todo, la batería de diligencias solicitada alcanza también a Creative Advice Interactive Group S.A, empresa donde acabaron los pagos girados por Unidas Podemos. El objetivo es que tanto esta sociedad como Neurona México aporten la "contabilidad completa" de los ejercicios 2019 y 2020, además de las declaraciones tributarias y operaciones con terceros.
Las acusaciones sostienen que esta firma, radicada en México, fue una 'tapadera' a la que Neurona desvió los 300.000 euros provenientes de los fondos electorales de Unidas Podemos. Por ello reclaman también que se requiera a Creative Advice para que justifique el destino real de estas transferencias que se autorizaron desde España. El partido, que está imputado como persona jurídica en el procedimiento, rebate esta tesis e insiste en que los contratos responden a trabajos que se prestaron y que han quedado debidamente acreditados.
De hecho, se ampara en pronunciamientos del juez Escalonilla para reiterar que Neurona contrató a diversos trabajadores sin que ello supusiera una relación laboral entre las partes (pudo ser mercantil). Podemos mantiene que durante la instrucción han aportado documentación de sobra que demuestra que esos empleados realizaron los encargos. Destacan, por ejemplo, los contratos de alquiler, la verificación de los datos con los arrendadores, justificantes de transferencias bancarias, pasaportes o registros de sus entradas y salidas del país.
"Auditoría" contra Podemos
"Cabe recordar que, además, esta parte aportó también vídeos y fotografías que daban cuenta de la presencia de dichos integrantes del equipo de Neurona en el local de Maudes (donde realizaron los trabajos), además de en varios actos electorales", responde el partido en relación a la memoria externa que entregó al juzgado con más de 3.200 archivos y 165 subcarpetas. La formación matiza que el objetivo de este caso no es dilucidar la relación laboral o mercantil de los trabajadores de Neurona, sino si se cometió o no delito con la contratación de la asesora para elaborar las líneas estratégicas de la campaña.
Las diligencias que se proponen son innecesarias, irrelevantes e inútiles. No hay necesidad de realizar la auditoría que reclama la acusación popular
Podemos reitera que estas peticiones de prueba desbordan el objeto de la investigación y buscan realizar una auditoría laboral y mercantil que afecta a empresas en el extranjero. El rastreo del destino final de los fondos es, en su opinión, "absolutamente irrelevante" para esclarecer los hechos en sede penal, que no son otros que aclarar si los servicios contratados a Neurona respondían a trabajados reales. Al respecto insisten en que en todo este tiempo de instrucción penal ha quedado plenamente acreditado.
Pendientes de la pericial
"Sin necesidad de realizar la auditoría que reclama la acusación popular, es evidente el vínculo profesional de las personas desplazadas con Neurona; la mercantil abona sus gastos de desplazamiento, su hospedaje, su trabajo y funciones están dentro del objeto de contrato suscrito con Podemos, y su presencia en España en las fechas delimitadas por la campaña, entre otros tantos datos" alega el partido. Pese a ello, el magistrado insiste en mantener viva la principal línea de la causa al considerar que pudo haber inflado el precio del contrato con Neurona.
De hecho, así lo manifestó en tres recientes autos en los que daba respuesta a la petición de Podemos y de algunos de sus dirigentes imputados de que seguirá adelante con la pericial acordada para valorar la calidad de los trabajos. En sus escritos Escalonilla explicó que quedaba acreditado que realizaron cerca de medio centenar de vídeos para difundirlos en las redes sociales del partido. Ahora bien, plasmó sus dudas en relación a los trabajos sobre "las líneas estratégicas de pre-campaña electoral", así como la cobertura gráfica y audiovisual de la precampaña.
También alertó de que una de las facturas giradas a Neurona España estaba duplicada y de que se había transferido ese dinero a Creative Advice en México sin que conste su participación en el proyecto. Todos estos indicios justifican para el juez la realización de la pericial que determine el valor real de los trabajos por los que se abonaron 360.000 euros más IVA. A esta prueba hay que añadir las declaraciones de dos empleados de Neurona México que debe llevar a cabo mediante comisión rogatoria a México después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Madrid.
