La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez a cargo del denominado 'caso Neurona' que amplíe el informe pericial que encargó sobre el coste de los servicios prestados por la consultora a Podemos en el marco de la campaña para las elecciones generales de abril de 2019.
En concreto, los magistrados de la Sección 30 de la Audiencia Provincial han considerado pertinente que se incluyan otros 134 archivos en el análisis que deberá llevar a cabo el perito a cargo de la redacción del informe.
Así se ha pronunciado en un auto de 18 de mayo en el que estima parcialmente el recurso que presentó Podemos contra la resolución del titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid por la que el pasado enero se encargó la redacción del informe pericial.
Cabe recordar que el 26 de abril el juez del 'caso Neurona' ordenó buscar un nuevo perito -ante la negativa del anteriormente designado- para determinar cuánto costaron los trabajos que la consultora realizó para la formación entonces liderada por Pablo Iglesias.
El magistrado Juan José Escalonilla acordó que el perito debía redactar un informe en el que se valore la totalidad de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting: los 48 vídeos realizados previo trabajo estratégico de segmentación, los 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda y las cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú Astudillo, así como la cobertura de siete actos electorales.
La Audiencia de Madrid ha defendido que la pericial ordenada por el juez es "necesaria y se ajusta al objeto de la presente investigación".
Podemos recurrió la decisión del juez e insistió en que los trabajos de Neurona no se trataban "únicamente de 48 vídeos, 48 diseños más otros cinco, y siete actos electorales". Así, aseguraron que fue un servicio global en todas las áreas, por lo que se dejaba fuera de la pericia no sólo múltiples servicios sino además todo el asesoramiento y consultoría que no tiene soporte propiamente físico.
Posible delito electoral
Aunque desde la formación 'morada' han considerado impertinente el encargo, la Audiencia de Madrid ha defendido que la pericial ordenada por el juez es "necesaria y se ajusta al objeto de la presente investigación". En este sentido, ha precisado que el informe "no tiene otro fin más que comprobar o descartar la posibilidad de que el partido político Podemos haya podido incurrir en un posible delito electoral".
Así, en 43 folios ha explicado que la comisión del delito electoral "también cabe cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente en las cuentas electorales a un fin distinto del servicio que se atribuye, ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios realmente prestados".
En el marco del auto, la Audiencia de Madrid ha indicado que en el contrato de 363.000 euros firmado por Neurona y Podemos "el importe estipulado resulta ciertamente impreciso porque se pacta como precio global para todos y cada uno de los servicios al no desglosar por partidas tales servicios y su correspondiente coste".
Además, ha advertido de que "la factura aportada por Neurona (...) ni siquiera cumple con los requisitos" del Real Decreto 1619/2012 por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
No resulta admisible cuando de la disposición de fondos públicos se trata" que Podemos no le exigiera a Neurona otra factura "detallada de los servicios prestados con sus correspondientes importes".
A su juicio, "no resulta admisible cuando de la disposición de fondos públicos se trata" que Podemos no le exigiera a Neurona otra factura "detallada de los servicios prestados con sus correspondientes importes".
Sin esperar a México
Tras respaldar la decisión del magistrado de encargar el informe pericial, la Sección 30 ha estimado parcialmente el recurso del partido y ha ordenado que se amplíe el análisis y se incluyan otros 134 archivos.
Al hilo, los magistrados han indicado que una vez tomadas las declaraciones testificales vía comisión rogatoria a México las partes podrían solicitar una ampliación o aclaración de la pericial, porque -a su juicio- esperar a que tengan lugar los interrogatorios para redactar el informe "conllevaría una dilación de la instrucción ya de por sí incompatible" con lo establecido en la ley.
