La justicia catalana ya se ha repartido la investigación del desafío secesionista. Mientras el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se encarga de los promotores de la consulta ilegal del 1 de octubre que no están aforados, la magistrada Mercedes Armas, que refuerza la Sala de lo Penal del TSJ catalán, ya analiza la actuación de Carles Puigdemont y de su Govern en relación con la convocatoria del referéndum tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Cataluña a instancias del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
"No hay una causa general", explica una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) a Vozpópuli, que destaca que la investigación que ha iniciado la Sala de lo Penal del TSJ catalán, y en concreto la magistrada Mercedes Armas, sobre la actuación de las autoridades catalanas que sí están aforadas es diferente a la que desde febrero pasado instruye, bajo secreto de sumario, el también magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, "que no lleva aforados".
En este sentido, la portavoz del TSJ catalán ha explicado que, en el caso de que el titular del Juzgado 13 de Barcelona detectara algún indicio de la participación de un aforado en los hechos, "tendría que inhibirse sólo en relación a esa persona y no del resto”, tal y como ha pasado de forma reciente en el caso Púnica, en el que el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y no en la Audiencia Nacional.
“Habrá información que puedan compartir, pero se trata de investigaciones distintas, respecto a grupos distintos y que tienen una implicación diferente, aunque se trate de hechos comunes”, completa la portavoz del TSJCat, que recuerda que un tribunal ordinario, como el número 13 de Barcelona, nunca puede investigar a un aforado, y que por su parte el TSJ sólo puede realizar pesquisas sobre aforados.
Mercedes Armas y Eugènia Alegret
De esta forma, Carles Puigdemont y Carme Forcadell seguirán siendo investigados por las magistradas de la Sala de lo Penal del TSJCat Mercedes Armas y María Eugènia Alegret, respectivamente, que son las competentes para analizar las querellas que interpuso la Fiscalía Superior de Cataluña por la actuación de los aforados en relación al referéndum del 1-O.
Por su parte Ramírez Sunyer, que abrió en febrero un procedimiento por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación tras admitir a trámite dos querellas interpuestas contra el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, mantendrá su investigación, en la que ha ordenado a la Guardia Civil que arrestara este miércoles a catorce personas, entre ellas varios altos cargos del Govern.
Los guardias civiles, que han contado con el apoyo de los Mossos d’Esquadra, también han practicado por orden del juez Ramírez Sunyer 41 registros en consellerias, instituciones de la Generalitat y naves para recabar indicios relacionados con el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. En concreto, seis despachos están ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno catalán.
Partida "camuflada"
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que fue denunciado por los abogados de la Generalitat encabezada por Carles Puigdemont, inició su instrucción tras aceptar a trámite dos querellas, una del partido político Vox, y otra del abogado Miguel Durán, contra el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal al difundirse el contenido de sus conferencias, en las que informaba que el Gobierno de Puigdemont disponía de una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum y la independencia.
Ramírez Sunyer, que decidió desde un principio que la Guardia Civil actuara como policía judicial, encargó a los agentes que investigaran los preparativos del referéndum del 1-O, en concreto la campaña institucional para el registro de extranjeros en el exterior y la web destinada a informar sobre la consulta.
Por ello, la Guardia Civil citó a tres altos cargos del Gobierno catalán para declarar como testigos: el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, el director general de Comunicación, Jaume Clotet; y el director general de Presidencia, Joaquim Nin.
El 'dos' de Junqueras
Sin embargo, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha permanecido en el procedimiento, y gracias a ello ha podido ordenar las detenciones llevadas a cabo este miércoles. En concreto, fueron arrestados el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y por ello considerado el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó -ya investigado en esta causa-.
Asimismo, también han sido detenidos la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, Natalia Garriga, y el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias. De la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia se ha detenido al responsable de Proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), David Palanques, y al jefe de Áreas del CTTI, David Franco.
También han sido arrestados el responsable del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Exteriores, Xavier Puig Farré, y el director de Estrategia e Innovación del CTTI, Josuè Sallent. Otros detenidos han sido el asesor en materia de opinión de la Conselleria de Gobernación, Ignasi Sánchez, y el técnico del Centre de Seguritat de la Informació de Catalunya (Cesicat) Joan Manuel Gómez.
Dependencias públicas
El director de sistemas de Fundació.cat, Josep Masoliver, una entidad privada que gestiona el dominio .cat en catalán, también está entre los detenidos, según ha informado la propia fundación a Europa Press.
Además de estas detenciones se han practicado registros en diferentes dependencias, entre ellas el despacho de Lluís Salvadó, situado en la sede central del Departamento, en La Rambla de Barcelona.
También se ha inspeccionado el edificio del Departamento de Economía que alberga las oficinas de la secretaría de Hacienda, la sede de la Agencia Tributaria de la Generalitat y la conselleria de Asuntos Exteriores, situada en una parte de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, residencia oficial del presidente catalán, Carles Puigdemont.
Santiago Vidal
Asimismo, se ha registrado la sede del Departamento de Trabajo y de Asuntos Sociales, el Consorcio de la Administración Abierta, que se encarga de facilitar herramientas tecnológicas para hacer más ágil y transparente la relación de la administración con los ciudadanos, y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa Efe.
La Guardia Civil ha acudido a los domicilios particulares del juez y exsenador de ERC Santiago Vidal y del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno.
