La reducción del número de oficinas bancarias en España, un fenómeno por otro lado común a distintos países europeos, no es exclusivo de las áreas más despobladas, donde ya es un grave problema de "exclusión financiera" para muchos ciudadanos, sino algo generalizado y que afecta en mayor medida al arco mediterráneo y Madrid.
Los datos del Banco de España revelan que en los últimos 10 años han cerrado en España prácticamente 21.000 oficinas -de las 40.103 que había en diciembre de 2011 a las 19.104 de final de 2021-, el 60 % en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, lo que supone una reducción del 52,3% que en mayor o menor medida ha afectado a todas las comunidades y a todas las provincias.
En concreto, en Cataluña han dejado de funcionar en la última década 4.398 sucursales (más de una de cada cinco), de ellas 3.213 en la provincia de Barcelona; en Madrid, 2.946; en Andalucía, 2.848; y en la Comunidad Valenciana, 2.569.
En términos relativos, en Tarragona han cerrado entre 2011 y 2021 el 67,8 % de las sucursales bancarias; en Barcelona, el 66,5 %; en Girona, el 62,7 %; en Castellón, el 60,8 %; en Valencia, el 59,8 %; en Valladolid, el 57,3 %; en Salamanca, el 57 %; y en Madrid, el 56,5 %.
También están por encima de la media Palencia (56,4 %), Lleida (56,2 %), Alicante (56 %), Pontevedra (54,5 %), Zamora (53,5 %), Murcia (53,4 %), Zaragoza (52,7 %) y Almería (52,6 %).
Por el contrario, donde ha habido menos cierres es en Cuenca (16,6 %), un total de 39; Albacete (26,9 %), Ciudad Real (29,8 %), Badajoz (30,4 %) y Teruel (30,6 %).
Este fenómeno, multiplicado con las fusiones de los últimos años, se inició en la última década del siglo pasado en provincias poco pobladas del interior peninsular, como Palencia, Ciudad Real, Soria, Ourense, Lleida, Cuenca y Huesca, con clausuras del 5 al 10 % de las sucursales, mientras todavía crecía el número de oficinas en otros lugares como Madrid (45,5 %), Badajoz (36,7 %) o Almería (36,2 %).
En los primeros 10 años de este siglo se intensificaron los cierres en las mismas provincias y se extendieron a toda Cataluña, toda Galicia y casi toda Castilla y León, entre otros territorios, aunque en el conjunto del país aún se abrieron un 2,8 % más de oficinas y el pico máximo se registró en septiembre de 2008, con 46.118.
Una oficina por cada 2.477 habitantes
El cierre de oficinas ha hecho que cada sucursal atienda a una población creciente: en 1981 -con 10 millones de habitantes menos que ahora, 27.698 oficinas bancarias atendían a una media de 1.363 personas cada una, mientras que en 2021, 19.104 daban servicio a una media de 2.477 clientes, un 81,70 % más.
Esa subida ha sido mayor en esos 40 años en las cuatro provincias catalanas, un 292 % en Tarragona, un 278 % en Girona, un 168 % en Lleida y un 166 % en Barcelona -con una media en Cataluña del 185 %-; en Alicante (138 %), Álava (127 %), Baleares (120 %), Palencia (116 %), Castellón (111 %) y Guadalajara (109 %).
Mientras en Las Palmas hay una sucursal bancaria por cada 3.670 habitantes, en Teruel hay una oficina por cada 828 vecinos. De forma paralela a la reducción de oficinas bancarias se ha producido también la de cajeros, como se puso de manifiesto esta semana durante el debate y aprobación en el Senado de la toma en consideración de una proposición de ley que pretende revertir el cierre "constante y persistente" de establecimientos de entidades de crédito.
4.115 municipios carecen de banco o cajero
Según quedó de manifiesto en ese debate, el número de cajeros automáticos disminuyó en toda España entre 2008 y 2017 en un 17,6 % -de 61.714 a 50.839-, en una tendencia "fuertemente territorializada y que se mantiene constante en zonas rurales o de poca renta per cápita".
El último informe del Banco de España sobre Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo apuntaba que, al final de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente, lo que suponía 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.
Cuenca era la provincia con mayor número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes (2,4) y Cádiz la que tenía menos, solo 1,1 por cada 1.000 habitantes, aunque distribuidos geográficamente de forma relativamente más homogénea.
En esa fecha, en todo el país, 4.115 municipios, más de la mitad del total, de los que 1.641 corresponden a Castilla y León, carecían por completo de oficinas bancarias o cajeros automáticos, lo que excluía de esta posibilidad a 1.187.851 personas, el 2,5 % del total.
Por provincias, esta tasa se elevaba al 27,8 % en Zamora (donde no tenían puntos de acceso al efectivo 201 municipios con 47.354 habitantes), al 21 % en Ávila (212 localidades con 33.168 vecinos) y al 19,9 % en Segovia (160 pueblos con 30.511 empadronados).
Una situación que afecta a toda España y que se agravará
Aunque esta situación afecta en mayor medida a las provincias más despobladas, también muy cerca de las grandes ciudades ocurre: en Madrid hay 64 municipios con 54.978 habitantes sin acceso a efectivo y en Barcelona 99 localidades con 63.530 personas.
Únicamente en las provincias de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife todas las ciudades y pueblos tienen al menos una sucursal bancaria o un cajero automático.
En ese informe, el Banco de España situaba en aproximadamente 1.300.000 personas -cifra que mantiene en otro análisis hecho público este mes- las que se encuentran en una situación que puede considerarse "vulnerable" en este sentido y concluía que "la infraestructura tradicional de acceso al efectivo en España es amplia y tiene una cobertura generalizada, si bien su distribución geográfica es heterogénea a nivel regional".
Añadía que "es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito".
Asimismo, sugería que "el impulso de soluciones alternativas a los canales tradicionales puede ser un importante complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población, aunque, por sus limitaciones actuales, no puedan sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales".
