En todas las guerras existe ese eufemismo de los daños colaterales. Aunque en algunos casos son buscados, incluso diríase que milimétricamente planeados, por quienes lanzan los ataques. Esto puede ocurrir, sin ir más lejos, con el reciente asalto al consejo de Indra que ha provocado una grave crisis en la empresa cotizada. Porque uno de los más beneficiados por la maniobra gubernamental puede ser el Gobierno vasco que lidera el PNV, que quizás por fin consiga su ansiado asiento en el consejo de ITP.
El cambio al frente de Indra tiene efectos que parecen incontables. Uno de ellos tiene que ver con la inminente operación de compraventa de ITP Aero, que es propiedad de Rolls Royce y ahora cambia de manos: el 70%, es decir la mayoría, será para un consorcio liderado por el fondo Bain Capital y donde también está Sapa, la empresa guipuzcoana que acaba de conseguir un asiento en el consejo de Indra; el 30% de títulos restantes pasará a ser propiedad de otros socios que tienen como plazo para sumarse precisamente hasta el próximo 30 de junio. Entre ellos puede entrar la propia Indra tras el cambio en su consejo. Y entre ellos quiere estar el propio Gobierno vasco, que negocia una entrada que podría alcanzar el 15% de las acciones.
Durante los últimos meses el Ejecutivo autonómico presidido por Íñigo Urkullu ha dejado claro en varias ocasiones, alguna de ellas por boca del propio lehendakari, que negocia su entrada en ITP. La penúltima de esas veces fue la pasada semana con motivo de una entrevista concedida a El Correo por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. Asimismo, sus condiciones son claras: entrará en dicho accionariado sólo si consiguen un puesto en el consejo de ITP que sirva para garantizar, a su vez, el "arraigo" de la empresa en el País Vasco. Esto es, que la empresa fabricante de motores para aviones mantenga su sede en Zamudio (Vizcaya).
"A muchas bandas"
El propio Azpiazu reconocía en la citada entrevista que las negociaciones para conseguir la entrada del Ejecutivo vasco son harto complejas porque participan demasiados actores. "Hay muchos intereses cruzados y este es un juego a muchas bandas". A confesión de parte, sobran pruebas.
Desde que se conoció que Rolls quería desprenderse de ITP, el Ejecutivo regional no ha parado de moverse. Lo cierto es que la primera opción del Ejecutivo autonómico era que entrase en ITP la compañía Sener, con el marchamo de pertenecer a la familia Sendagorta, uno de los clanes míticos de Neguri. Pero dicha empresa se descolgó después de las negociaciones y el camino quedó expedito para Sapa, otra empresa bien vista por Urkullu y los suyos para ser compañeros de viaje en ITP y mantener el citado "arraigo".
Ahora parece que la operación, tan esperada y tan jalonada de rumores durante este tiempo, coge velocidad de crucero. No por casualidad, una vez consumado el asalto a Indra todos los medios vascos coincidían en que dicha operación "allana el terreno" para la entrada de la empresa en ITP. Algo que, a su vez, también sembraría el camino para la entrada del propio Gobierno de Urkullu. Ambas partes acudirían como aliadas a por ese 30% de acciones de ITP.
También existe la opción, como apuntan otras fuentes, de que el Ejecutivo de Urkullu no invierta para entrar junto al resto de socios porque, de alguna manera, ya se sentiría representado en ITP por las citadas Sapa e Indra. Pero, en cualquier caso, el PNV gana. Y, también en cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez ayuda a uno de sus socios parlamentarios.
"Cumplir con los socios"
Esta confluencia de intereses que entremezcla lo político y lo empresarial entronca también, claro está, con el momento político que se vive en España. No puede perderse de vista que la pasada semana, como informó Vozpópuli, el PNV aprovechó el batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas para reclamar a Sánchez que "cumpla sus compromisos" con sus socios si quiere terminar la legislatura.
Ya hace un año que trascendió que el propio Urkullu había reclamado al presidente del Gobierno que comprase ITP a través de Indra. Algo a lo que según varias fuentes se oponía el entonces presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, y a lo que también se oponían algunos de los consejeros caídos durante el reciente golpe de mando del Ejecutivo.
