Muerta antes de nacer ha quedado en la tarde de este jueves la moción registrada por UPyD y enmendada por el PP que instaba al Gobierno a endurecer los requisitos de cobro del desempleo para aquellos etarras que sean excarcelados por la revisión de la 'doctrina Parot'. Y ello a consencuencia del veto planteado por los proetarras de Amaiur, que han obligado a votar la iniciativa según su redactado inicial. El Grupo Popular había planteado una enmienda transaccional al texto del partido de Rosa Díez, que ha aceptado su articulado. La iniciativa emplazaba al Ejecutivo en su punto segundo a la “adopción de las medidas que sean necesarias para evitar un aprovechamiento indebido de la asistencia ofrecida por el Estado, en particular el denominado 'subsidio de excarcelación' por parte de terroristas”. Asimismo, añadía que “se estudiará la exigencia de requisitos homologables a personas condenadas por delitos especialmente reprobables”, incluyendo así a asesinos en serie y violadores que se hayan beneficiado del reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Sin embargo, el texto transaccionado no se ha llegado a votar por el veto del Grupo Mixto, capitaneado por Amaiur, que ha recurrido a una triquiñuela parlamentaria para impedir que sometiera a su aprobación. Según informaron fuentes parlamentarias para que una enmienda transaccional prospere y pueda votarse tienen que estar conforme con ello (independientemente de que luego se abstengan o voten) todos los grupos de la Cámara. Al final, la moción se ha votado según su redactado inicial, en los términos en que la redactó UPyD. Así, el PP ha terminado oponiéndose a dicha iniciativa, tras apoyarla ayer. Por su parte, el PSOE también votó en contra, después de avanzar que iba a abstenerse "por principios" a la moción transaccionada.
El texto que había sido consensuado por PP y UPyD (también iba a contar con el apoyo del diputado de UPN, Carlos Salvador) pedía al Gobierno que proceda a las modificaciones legales pertinentes para exigir a los etarras, si quieren percibir dicha ayuda, “la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la Justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil”.
En la defensa de su propuesta, la líder de UPyD subrayó ayer el requisito de colaboración con la Justicia por encima del resto por cuanto resulta fundamental, enfatizó, “para reparar el daño y para que no haya más víctimas”. Desde el PP salen así de las críticas recibidas ante la aplicación del fallo Parot por parte del Gobierno. El Ejecutivo prometió a las víctimas de ETA revisiones “profundas” de “caso por caso”, pero la realidad ha venido marcada por “excarcelaciones exprés” sin oposición alguna de la Fiscalía.
"Cuando un preso cumple su pena de cárcel y obtiene la libertad recupera también la totalidad de los derechos, incluida la percepción de una prestación pública", subraya el PNV
Al mismo tiempo, Díez apuntó que la asociación de expresos de la banda terrorista ETA, Harrera Elkartea, ha aconsejado a los presos que están saliendo de prisión una serie de medidas para poder cobrar la consiguiente protección por desempleo, como, por ejemplo, no empadronarse en el domicilio de sus progenitores o familiares directos. Además, afirmó que “en este momento 2.300.000 honestos ciudadanos españoles no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo, mientras que de la cárcel salen terroristas que ni siquiera han mostrado interés en trabajar noventa días, que es lo que se le exige a cualquier ciudadano”. Aunque este requerimiento de haber trabajado durante tres meses para acceder al subsidio no figura como tal en el articulado de la moción transaccionada, Díez pidió que sea tenido en cuenta en caso de que el contenido de la misma se traslade a algún futuro proyecto legislativo.
Desde el PP, la diputada Julieta de Micheo, exjefa de gabinete del embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, aseguró que el Gobierno llevará a cabo todas las acciones legales que considere oportunas para que “quienes han querido dañar de la manera más cruel la democracia no sean los que ahora puedan beneficiarse de ella”. De Micheo calificó la sentencia de Estrasburgo como “tremendamente dolorosa e incomprensible para las víctimas y para la sociedad” y señaló que si bien saca de la cárcel a los terroristas “no cambia su condición, sobre la que pesa y pesará la condena social que ningún tribunal podrá nunca absolver”.
De dudosa legalidad
Sin embargo, la diputada popular no concretó cómo piensa el Ejecutivo acometer esta medida, considerada “inconstitucional” por los principales partidos de la oposición. El PSOE se negó a respaldar el texto porque ponía al Congreso de los Diputados “en el dilema de incumplir la Constitución”, recalcó el portavoz socialista Antonio Trevín. “El Parlamento no debe ser confundido con un tribunal”, añadió. Además, los socialistas entienden la iniciativa como una “componenda para tratar de quedarse con las víctimas”. “No podemos votar a favor porque ni ustedes mismos saben qué dice esta transacción", espetó Trevín a UPyD y PP.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría criticó la propuesta porque, según explicó, cuando un preso cumple su pena de cárcel y obtiene la libertad “recupera también la totalidad de los derechos”, incluida la percepción de una prestación pública, prevista en la propia Constitución, zanjó.
El agrio debate ayer en la Cámara Baja coincidió con la excarcelación de nueve etarras y tres miembros del GRAPO por orden de la Audiencia Nacional. Entre ellos, Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado de Vic, y Joaquín Urain Larrañaga, responsable de tres asesinatos, abandonaron la prisión.
