Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han cerrado su acuerdo de coalición. El eje de todo es el empleo. El PSOE 'traga' y acepta incluir la reducción de la jornada laboral, aunque tendrá que ser "en el marco del diálogo social", según fuentes socialsitas. Ambos aceleraron la negociación en la tarde de este lunes. El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE está, así, más cerca de allanar el camino de su investidura -a la que todavía no ha puesto fecha- a la espera de cerrar el pacto definitivo con Junts, cuyos siete diputados son claves para su permanencia en La Moncloa. Sánchez y Díaz se pusieron la meta del 31 de octubre como límite para lanzar la fumata blanca.
El gran escollo a primera hora era la reducción de la jornada laboral que los socialistas no contemplaban y no veían como algo "urgente". Aunque fuentes de Sumar señalan que Ferraz, "en principio", acepta la propuesta pese a que la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño dijera este lunes que no es una prioridad y que debía abordarse "dentro de la negociación colectiva y del diálogo social".
Sumar también reclamaba a Ferraz ir más allá en materia de vivienda; derogar la ley mordaza; ajustar el impuesto a la banca (ya sea haciendo el tipo impositivo permanente o endureciéndolo); la creación del estatuto del becario; la reforma del modelo de financiación autonómica y dificultar el despido de trabajadores con condiciones socioeconómicas adversas. Se prevé que este martes se cierren los flecos pendientes y se dé a conocer el acuerdo. Será importante también comprobar si en el pacto se cita la amnistía a los encausados del procés pendientes aún de juicio.
Los 'nervios' y prisas de Ferraz
Fuentes del partido de la vicepresidenta segunda señalaban que a los socialistas les urgía a cerrar este lunes el acuerdo. El PSOE tiene que someterlo al criterio de la militancia mediante una consulta. Fuentes socialistas señalan que "pronto" se celebrará un comité federal -máximo órgano de decisión entre congresos- en el que el presidente detallará no solo el acuerdo de coalición son Sumar si no también, previsiblemente, su posición y el estado de las conversaciones sobre la amnistía con los partidos independentistas.
Han pasado ya más de dos semanas desde que el Rey encargó a Pedro Sánchez buscar los apoyos que le permitan revalidar el gobierno. Aquel 3 de octubre, el PSOE se metió un chute de optimismo: la investidura era posible. Tan solo había que negociar y hablar con "discreción". Los votos de Carles Puigdemont eran factibles si se pulsaban con las teclas oportunas. O, al menos, eso vendía Moncloa. Es cierto que el acuerdo con Sumar tranquiliza al partido, pero sigue faltando lo nuclear: Junts.
Poco a poco, Sánchez ha roto cada uno de los plazos que se puso en el calendario para explicar la amnistía, que no deja de ser otra cosa que su llave para permanecer a los mandos del país. Solo ha respetado, de echo, el plazo que se dio con Sumar. En septiembre, el aparato de persuasión del Ejecutivo se escudaba en que era el momento de Alberto Núñez Feijóo y, por tanto, no era oportuno enfocarse en la medida de gracia, porque removía al Partido Socialista. Era el tiempo de Felipe González y Alfonso Guerra estallando contra Sánchez, quien para evitar que se hablara de la amnistía eludió participar en el debate de investidura del líder del PP.
Los incumplimientos de Sánchez
Luego, en Nueva York, durante el plenario de las Naciones Unidas, el presidente advirtió de que en cuanto recibiera el encargo del Rey para someterse a la confianza de los diputados abordaría "con total franqueza" su postura sobre la negociación con Junts y el resto de partidos independentistas. Después, Sánchez volvió a dar una patada al balón con la ronda de encuentros con los portavoces en el Congreso. Dijo que una vez concluyera fijaría su postura ante la amnistía y sobre la negociación. La ronda empezó el 9 de octubre y finalizó el 13 sin dar explicación alguna.
Tras entrevistarse con todos los responsables de los grupos parlamentarios, excepto Vox, el presidente designó una comisión negociadora que, supuestamente, iba a ser la encargada de seguir conversando en aras de recabar los apoyos necesarios. Pero esa comisión es un mero fuego de artificio: abierta a más personas de las que de verdad están en el ajo. Porque solo el núcleo duro -Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán- es el que negocia. No hay constancia de que la comisión de marras se haya reunido más veces con otros partidos. Al menos según coinciden fuentes de los grupos que Sánchez corteja en conversación con este diario. El PSOE se agarra a la "discreción" cuando se le pregunta; la palabra de moda en Moncloa.
Primero el qué luego el quién
Fuentes socialistas y de Sumar explican a este diario que el grueso de las conversaciones está ahora en el contenido programático. Y que más tarde se abordará la estructura del Gobierno, así como el reparto de ministerios. En caso de que Sumar cierre un acuerdo con el PSOE, corresponderá a su líder, Yolanda Díaz, designar a los ministros y ministras de su espacio. Y ahí tendrá que hacer malabares para mantener el equilibrio de poder interno.
Cabe recordar que el reparto de fuerzas dentro de Sumar quedó así tras el 23-J: Movimiento Sumar, el partido nave, logró 10 diputados; Podemos, 5 al igual que IU y En Comú Podem; Compromís, 2, como Más País, y Més y la Chunta Aragonesista, con 1 cada uno. La situación interna del grupo es, por tanto, una bomba de relojería que amenaza con reventar la dinámica de entendimiento en caso de que se den cuotas ministeriales a partidos con menos poder interno.
Por otro lado, un runrún de "reubicaciones" recorre el PSOE de Pedro Sánchez. Según ha sabido este diario por fuentes socialistas de peso, el presidente del Gobierno prepara cambios en el partido dirigidos a "liderar territorios". Y, encima de la mesa, hay varios nombres. Pero dos resuenan con fuerza: la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, y el diputado por Valladolid y exalcalde de esa ciudad Óscar Puente. La primera estaría tomando posiciones para hacerse con los mandos del partido en Aragón y el segundo para liderar su organización en Castilla y León. Ambos sucederían a Javier Lambán y a Luis Tudanca respectivamente. En el Gobierno se preparan para cambios y los titulares de las carteras ya juegan a deshojar la margarita.
parlando
Primero destruyeron el mercado laboral, porque si no hay estadísticas fiables, tampoco se podrán aplicar políticas sensatas de empleo y formación. Después destruyeron el mercado de la vivienda. ¿Quién invertirá en vivienda con okupas y políticas demenciales copiadas de la Colau & Co? Ahora van a por la clase empresarial: supresión de la posibilidad de declaraciones conjuntas del IRPF, aumento del 45% en las cotizaciones sociales, y "eso" de las 35 horas. Es mejor cerrar la empresa e irse a Polonia o Rumanía, donde la gente quiere trabajar. Al final quedará la grande empresa y una masa de analfabetos funcionales subvencionados. El sueño húmedo del zurderío internacional. El problemita es que es insostenible.