Un reciente estudio elaborado por la Unión de Entidades y la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), presentado en Barcelona, revela que el 80% de las personas con derecho a una prestación por dependencia en España que aún se encuentran en lista de espera están concentradas en cinco comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Madrid. Cataluña lidera esta preocupante clasificación con 48.470 personas, seguida por Andalucía (35.558), Comunidad Valenciana (15.501) y País Vasco (14.769).
Este estudio, titulado "Estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España", subraya las crecientes dificultades del sistema de atención a la dependencia, que debe hacer frente a una demanda creciente debido al envejecimiento de la población. Aunque se han realizado avances en la resolución de solicitudes de dependencia, la situación sigue siendo crítica. En 2023, se recibieron casi dos millones de solicitudes (1.944.185), un 5,08% más que el año anterior, de las cuales 117.187 son pendientes de resolución, una cifra que, aunque alta, representa una reducción con respecto a años anteriores.
El estudio refleja una gran desigualdad entre las distintas comunidades en cuanto a la capacidad de gestión de estas solicitudes. Mientras que Madrid ha alcanzado un 99,92% de resoluciones, otras comunidades, como Canarias, presentan tasas mucho más bajas (83,85%). Cataluña, por su parte, se sitúa en un 92,81%, por debajo de la media nacional (94,32%). El tiempo medio de resolución de las solicitudes sigue siendo elevado, con una media de 324 días, es decir, casi un año de espera. Sin embargo, este tiempo ha mejorado en 2023, reduciéndose en 20 días.
Otro aspecto destacado es la considerable variabilidad entre comunidades en la aprobación de las solicitudes. En Galicia, por ejemplo, el 90% de las solicitudes resultan favorables, mientras que en Asturias solo el 69%. Comunidades como Cataluña, Andalucía y el País Vasco se sitúan en un rango del 70 al 75%.
En cuanto al número de beneficiarios, Andalucía encabeza la lista con 286.600 personas con derecho a prestación, seguida por Cataluña (201.720), Madrid (177.795) y Comunidad Valenciana (146.290). En total, 1.411.866 personas en toda España reciben algún tipo de prestación por dependencia.
Un futuro insostenible sin una mayor inversión
La entrada en la vejez de la generación del baby boom plantea un desafío aún mayor para el sistema de dependencia en los próximos años. Según el estudio presentado por ACRA y la Unión de Entidades, en la próxima década, España necesitará 100.000 nuevos trabajadores para atender la creciente demanda de atención a la dependencia. Solo en Cataluña, se necesitarán 20.000 profesionales adicionales para cubrir las necesidades de la población envejecida, que se espera que se duplique en los próximos 10 años, con un incremento especialmente significativo en el número de personas mayores de 80 años.
Este escenario contrasta con la actual escasez de personal en el sector, caracterizado por la alta rotación de trabajadores debido a las bajas condiciones salariales. Aunque hay cerca de 700.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en actividades relacionadas con la atención a la dependencia, los expertos advierten sobre la existencia de un gran número de trabajadores en la economía sumergida, cuya regularización es necesaria para garantizar una atención adecuada.
Necesidad de más plazas y financiación
Además de la necesidad de más profesionales, el sistema de dependencia en España enfrenta el reto de ampliar su capacidad de atención. Actualmente, el país cuenta con 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas en centros de día, de las cuales el 73% están en manos privadas. En Cataluña, este porcentaje es aún mayor, alcanzando el 85%. Según el informe, para mantener la cobertura actual, España debería crear más de 11.000 plazas residenciales al año, y más de 23.000 si se aspira a alcanzar la media europea.
Otra área clave es el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que atiende a 534.321 personas en toda España, de las cuales 69.935 están en Cataluña. Sin embargo, este servicio solo cubre al 5,5% de las personas mayores de 65 años, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 10,1%.
Las patronales del sector han solicitado a la administración un aumento significativo en la financiación pública. En la actualidad, España destina solo el 0,96% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la dependencia, muy por debajo de la media de la OCDE (1,5%) y de países europeos como los Países Bajos (3,1%) o Suecia (2,83%). Según Cinta Pascual, presidenta de ACRA, para afrontar los retos del envejecimiento y la creciente demanda de atención, es imprescindible que la administración aumente su aportación hasta al menos el 2% del PIB. De lo contrario, advierte, el sistema de dependencia sería el "gran fracaso del Estado del Bienestar".
