La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha presentado este lunes su escrito de acusación del juicio de la rama leonesa de la trama Púnica. En el citado documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se solicita que declaren como testigos en la vista oral la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el exvicesecretario de organización del Partido Popular (PP) y diputado, Carlos Floriano, y la diputada y ex alcaldesa de Murcia, Pilar Barreiro; personas que habrían sido utilizadas por el ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, para posicionarse favorablemente dentro de la formación de Mariano Rajoy.
En el escrito de acusación, Adade solicita la pena más alta de prisión -quince años por varios delitos de corrupción- para Martínez Barazón y les siguen los once años de cárcel para los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa y los nueve para el excoordinador de la Diputación leonesa y alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez García, entre otros investigados. En esta pieza separada del macro sumario de Púnica se van a juzgar delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias etc.
Las pesquisas llevadas a cabo en los últimos dos años por el instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han revelado que las empresas de De Pedro -considerado como el conseguidor de la trama- llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales.
En sintonía con esta afirmación, Adade defiende en su escrito de acusación que el ex dirigente popular "Marcos Martínez Barazón es obviamente quien encarga la estrategia de promoción personal y organiza las compensaciones, aprovechándose de la estructura previamente existente de promoción irregular de la Presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, y que él obviamente conocía y por haber sido su mano derecha como Vicepresidente de la Diputación".
Varios delitos de corrupción
"Su promoción dentro del Partido Popular, se realizaba mediante contactos con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, Carlos Floriano, vicesecretario general o Pilar Barreiro, diputada nacional por el PP y alcaldesa de Cartagena que facilitaban, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa y de los que se aprovechó Marcos Martín Martínez Barazón para sus fines", recalca esta acusación popular que, por ello, pide que Cospedal, Floriano y Barreiro testifiquen en el juicio que se celebrará en la Audiencia.
En este caso, el papel del empresario de Eico y Madiva, Alejandro de Pedro, es el propietario de las mercantiles y "quien coordina los contactos, recibe los dosieres de prensa, y los traslada al personal de su empresa para que los mismos sean incluidos en los diarios digitales al igual que los banners que justificarán el pago del servicio”. Mientras tanto, para Adade el también empresario José Antonio Alonso Conesa "recibe los dosieres y realiza asesoramiento por sí o a través de terceros, a fin de diseñar y poner en marcha la estrategia de promoción de Marcos Martínez".
Las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos a cambio de beneficios personales
En un auto dictado el pasado mes de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acordó continuar esta causa penal contra Martínez Barazón (por los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de información privilegiada y malversación de caudales públicos); contra el ex coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García (por delitos de fraude, cohecho y malversación); contra el interventor de la mencionada institución, Manuel Jesús López Sánchez (acusado de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios); contra los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa (investigado por los delitos de fraude, cohecho, malversación y aprovechamiento de información reservada); así como contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL (a las que se le atribuye un delito de cohecho).
En la resolución, el magistrado apuntaba a que la investigación ha revelado que las empresas de Alejandro de Pedro prestaron durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaban dichos cargos públicos por "procedimientos irregulares".
