El PNV ha registrado ante el Congreso de los Diputados sus primeras proposiciones de ley en esta legislatura. Son algunas de las propuestas que los nacionalistas vascos han tratado de sacar adelante en otras ocasiones sin éxito, y que a las que el nuevo ciclo político vuelve a abrir la puerta como reformar la Ley de Secretos Oficiales (presentada por primera vez hace siete años) o acabar con la inviolabilidad del rey.
Concretamente, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales -que rige desde 1968- se llegó a tomar en consideración por el Pleno en la pasada legislatura, pero el Gobierno la sepultó entre prórrogas bajo el pretexto de que iba a presentar su propia reforma.
Las promesas incumplidas del Gobierno
La idea del PNV es que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años. Son condiciones menos restrictivas que las que planteaba el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños.
Otra ley busca actualizar la normativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para mejorar el control político y judicial de sus actuaciones, una iniciativa que promovieron a raíz del espionaje a políticos con el sistema 'Pegasus'.
Su reforma propone una serie de cambios de contenido político, como que el nombramiento del Director del CNI sea propuesto por quien ostente la Presidencia del Gobierno y no por un ministro, o mejorar el control político que realiza la Cámara a través de la Comisión de Secretos Oficiales. Además, se amplían las garantías del Estado de derecho al mejorar el control previo y crear un control 'ex post'. Pedro Sánchez se comprometió a realizar estas modificaciones, pero nunca lo concretó.
Una tercera ley propone limitar la inviolabilidad del Rey a sus actos institucionales, pues considera que la previsión constitucional no se puede interpretar hasta el infinito porque el monarca no puede estar por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes. La registró en junio de 2022, al hilo de la polémica por las actividades privadas de Juan Carlos I, pero no llegó al Pleno del Congreso.
Otra iniciativa legislativa busca modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la regulación de la jurisdicción universal y evitar "impunidades ante graves crímenes internacionales" (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de tortura, o desaparición forzada, entre otros), todo ello con el fin de que se puedan perseguir en España con independencia de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los autores o las víctimas.
Ni recurso previo ni inhabilitación por desoír el Constitucional
Por último, y como viene haciendo desde diciembre de 2016, el PNV vuelve a intentar que se revoque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que aprobó el PP de Mariano Rajoy para imponer el recurso previo de inconstitucionalidad y para inhabilitar a cargos que incumplen las sentencias del TC.
El PSOE aceptó tramitar esta ley del PNV la pasada legislatura porque estaba dispuesto a reformar esas sanciones, pero no contemplaba derogar el recurso previo. Sea como fuere, la iniciativa decayó con la disolución de las Cortes y ahora vuelve a la Cámara.
Las cinco iniciativas del PNV deberán ser calificadas por la Mesa del Congreso en su próxima reunión y se enviarán a Moncloa para que el Gobierno dé su conformidad para debatirlas. En todo caso, los nacionalistas siguen trabajando para presentar nuevas propuestas.
