El magistrado Juan José Escalonilla mantiene sus sospechas sobre el contrato de Podemos con la consultora Neurona. En contra del criterio de la Fiscalía, que descarta que el partido cometiera delito electoral, el instructor del caso considera necesario mantener la pericial acordada en noviembre sobre estos trabajos para determinar si se infló el precio. Según argumenta, existen "discordancias" entre el contrato firmado y las facturas abonadas que hacen necesaria la práctica de esta diligencia.
El instructor responde de esta forma a la formación y otros miembros del partido imputados en el procedimiento, que se opusieron a que un experto valorase los trabajos realizados por Neurona. El juez alega que se mantienen los indicios que apuntan que una parte de los trabajos no los realizó esta consultora, sino que los hicieron los propios empleados de Podemos, motivo por el cual mantiene la sospecha sobre el pago de este trabajo encargado para las elecciones generales de 2019.
"El delito electoral, en cuanto a la conducta tipificada de distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en dicha Ley, se puede cometer igualmente cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente en las cuentas electorales a un fin distinto al servicio que se retribuye, ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios prestados", reza Escalonilla en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En relación con la elaboración de líneas estratégicas de pre-campaña electoral no solo cabe entender que dichos servicios pudieran ser cubiertos como gasto electoral, sino que además no consta acreditado que los realizaran
El instructor explica que de las declaraciones prestadas por trabajadores de Podemos en sede judicial consta "indiciariamente acreditado" que Neurona no realizó todos los servicios por los que abonaron 363.000 euros. Pese a que los abogados de la formación mantienen que los trabajos son reales, el juez sostiene que la consultora (cuya matriz está en México) "no realizó la cobertura gráfica ni audiovisual de la campaña electoral" y que los diferentes trabajos sobre elaboración de líneas estratégicas, diseño, spots de campaña se trataron "del mismo servicio".
Escalonilla sostiene que los elaboraron empleados del partido que entonces presidía Pablo Iglesias, si bien otros tantos (en concreto 48 diseños gráficos) sí los llevó a cabo Waldemar Aguado. Se trata de uno de los empleados de Neurona México a quien el juez tiene pendiente tomar declaración después de que así lo haya ordenado la Audiencia Provincial de Madrid. Su testifical se ha convertido en una diligencia clave y ha unido tanto a Podemos como a las acusaciones que litigan en la causa (entre ellas Vox) ya que todos quieren que declare junto con Germán Cobos (también trabajador de Neurona) para arrojar luz sobre este asunto.
Dudas sobre las facturas
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid también considera determinante que un experto valore todo lo relativo al pago de los servicios. Según razona, tampoco se ha explicado hasta el momento el papel de la mercantil Creative Advance Interactive Group SA, entidad a la Neurona transfirió la cuantía ingresada por Podemos "sin que conste que haya tenido participación alguna en la prestación de dichos servicios". Tal y como precisa, tampoco se explica por qué una de las ocho facturas giradas entre abril y mayo de 2019 está duplicada.
"A mayor abundamiento cabe destacar que presentada por los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos el día 28 de agosto de 2019 ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral relativa a las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril, entre los gastos electorales incluyeron el importe de 363.000 euros correspondiente a dicho contrato de prestación de servicios suscrito con Neurona
Comunidad S.L.", reza el magistrado, en referencia a que este servicio sí que se pagó con dinero electoral.
El juez resalta que el Tribunal de Cuentas pidió a Podemos que presentase un presupuesto de cara a acreditar el concepto de los trabajos, si bien el partido entregó un contrato de prestación de servicios. "Dicho tribunal comprobó que la firma electrónica del contrato se produjo una vez concluso el plazo de duración pactado, finalizado el día 28 de abril de 2019, así como que la actividad del prestador de dichos servicios no concordaba con el objeto social de la empresa contratada", dice el juez.
Choque con la Fiscalía
El tribunal fiscalizador solicitó al partido una valoración económica de los conceptos facturados, pero la respuesta que ofreció el partido no convence al magistrado. "Puede por lo tanto comprobarse que en dicha factura se valora en 110.000 euros la cobertura gráfica y audiovisual de la precampaña, servicio éste no prestado por los trabajadores de Neurona Consulting S.A. de CV salvo en la realización de 48 diseños gráficos y en la cobertura de siete actos electorales", responde.
Por ello insiste en que se hace necesario el análisis de un experto para aclarar si los servicios contratados a Neurona "se compadecen" con los 363.000 euros abonados. Y ello pese al criterio de la fiscal al frente del procedimiento que insiste en que no identifica irregularidad alguna. "Si bien es cierto que de las diligencias practicadas no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado, no es menos cierto que con el objeto de agotar la investigación, la diligencia es útil", dijo la fiscal en relación al peritaje que ahora mantiene el juzgado.
