Escasez, "precios desorbitados" y proveedores que cambiaron los presupuestos a última hora. La Abogacía del Estado relata así los intentos de la Dirección General de la Policía para conseguir equipos de protección individual. La narración cronológica consta en el auto emitido este miércoles por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el que se desestima la petición del Sindicato Alternativa Sindical de Policía de realizar de forma urgente test de detección rápida a los agentes.
La resolución judicial tiene lugar en medio de las críticas arrojadas por policías nacionales contra la gestión del Ministerio del Interior durante la crisis del coronavirus. Diferentes sindicatos han elevado sus quejas ante los tribunales y han cargado públicamente contra la Administración por el envío masivo de unidades de mascarillas de "papelito de fumar". Según datos ofrecidos por la Dirección del Cuerpo al sindicato CEP (Confederación Española de Policía), solo el 4% de las mascarillas repartidas durante el estado de alarma a los agentes cumplen con las recomendaciones de seguridad.
En el auto figura la versión de la Abogacía del Estado, en la que se detallan los esfuerzos de la Policía Nacional para conseguir el material conforme a las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público. "Se empezaron a recibir indicaciones de proveedores y suministradoras en el sentido de que no había material disponible, y el que existía, sólo podía adquirirse a precios que llegaban a doblar el inicialmente presupuestado", recoge el documento.
"Resultados infructuosos"
Según relata el Gobierno, las primeras medidas adoptadas intentaron "atender las demandas [de material] que iban llegando procedentes de los órganos centrales y territoriales". La Abogacía asegura que para ello "se utilizaron las reservas de dicho material que se encontraban en los almacenes de la División". Pero ya el 25 de enero inició la "escasez de suministros" debido a la "oleada de peticiones". Se avisó a cada plantilla que debía "hacer frente con su caja pagadora".
La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía inició los primeros contactos con empresas suministradoras de equipos de protección individual (EPI) el 25 de enero. Ese mismo día, solicitó los presupuestos correspondientes para realizar adquisiciones masivas. Tres días después recibió respuestas y el 30 de enero tramitó las primeras compras de material sanitario.
En la cronología figura la "búsqueda exhaustiva con resultados infructuosos de mascarillas tipo FFP2" a fecha 31 de enero. Según las recomendaciones de seguridad, estas son las más adecuadas para proteger a los agentes de la Covid-19, ya que poseen un filtro que impide la entrada de la mayor parte de partículas del exterior al organismo. El calendario permanece vacío hasta el 24 de febrero. Ese día constan "contactos con 3M (fabricante)", que finalmente derivó al Cuerpo al distribuidor Dexis para el abastecimiento de mascarillas.
Un día después, el 25 de febrero se ve frustrado el primer intento de la Policía: tuvo devolver 94 cajas de mascarillas compradas el 30 de enero "por estar caducadas". Dos días más tarde, el Cuerpo redacta expediente de emergencia por importe de 300.000 euros, aunque en las semanas siguientes lo amplía en dos ocasiones más.
Presupuesto insuficiente
Según la cronología aportada por la Abogacía del Estado, no es hasta el 05 de marzo que se extiende la distribución de material de protección "a todas las dependencias". El 09 llegan más mascarillas: "Suministro de 14.080 unidades". En la mañana siguiente "se reitera a 3M la solicitud de más existencias". Tras declararse el estado de alarma, la Dirección de la Policía lleva a cabo gestiones con China y con importadores para comprar más mascarillas.
Entre el 20 y el 26 de marzo se adquieren 1.218.780 equipos de protección individual. Pero "se rechazan ofertas de mascarillas por precios desorbitados" en los que además se exigían pagos anticipados y pedidos mínimos que superaban los presupuestos del Cuerpo. Ante tal exposición de motivos, y al entender que actualmente en la Policía "no se dispone de los medios de protección individual necesarios y suficientes" para todos los agentes, los magistrados de la Audiencia Nacional han dado la razón a la Abogacía del Estado y han desestimado la petición del sindicato de practicar test de detección rápida a los agentes en estos momentos.
