Policía Nacional y Guardia Civil se han hartado de la falta de un procotolo común frente a la okupación y de la disparidad de normas que rigen cada cuerpo y cada región. Por eso, mandos de ambos cuerpos se han reunido esta semana para sentar las bases de un reglamento único, con la intención de desarrollarla en los próximos meses.
Para ello han tomado como base la instrucción que el fiscal general de Islas Baleares firmó en junio de 2019, que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalojo de una vivienda en un amplio abanico de casos sin requerir una decisión judicial.
Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli destacan el "hartazgo" que se vive en ambos cuerpos ante la diferencia de criterios que hay en España para hacer frente a la okupación; no sólo entre Policía o Guardia Civil, también entre cada región.
Mandos policiales y del Instituto Armado se reunieron esta semana para establecer las bases de un protocolo común contra los 'okupas'
No hay uniformidad entre las instrucciones dictadas por los fiscales; tampoco entre los protocolos que rigen cada comisaría o comandancia. Y esa multiplicidad, aseveran las mismas fuentes, provoca disparidad del número de denuncias entre las Comunidades Autónomas al tiempo que dificulta el trabajo de agentes y jueces.
Las mismas fuentes detallan que mandos policiales y del Instituto Armado ya se han sentado -en una reunión que se ha celebrado esta semana- para establecer las bases de ese protocolo común. En última instancia, esperan contar con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y redactar un documento único.
Un resultado similar al que Bartolomé Barceló Oliver, fiscal general de Baleares, logró en junio de 2019, al aprobar una instrucción sobre la okupación que contó con el apoyo del jefe superior de la Policía en la región, del coronel jefe de la Guardia Civil y de los máximos representantes de las diferentes policías locales.
El caso balear
La instrucción diferencia entre el uso que hacen los propietarios de las viviendas para determinar cómo deben actuar las fuerzas de seguridad. Para ello, el fiscal recoge la opinión de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que define la relación que el dueño tiene con cualquiera de sus domicilios. Dicha relación se basa en el concepto de "posesión": si el dueño ejerce algún tipo de actividad en esa vivienda -residencia habitual, segunda residencia, negocio o alquiler-, entonces practica el concepto de "posesión" sobre ella.
En todos esos casos, el fiscal insta a las fuerzas de seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata", deteniendo al autor de la okupación en los casos necesarios. También insta a los agentes a instruir un atestado en el que detallen las demás actividades constitutivas de delito en las que pueda incurrir el okupa para tomar las medidas judiciales oportunas.
Lla instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común
Los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran con más dificultades en Baleares para ejecutar un desalojo en caso de que el dueño de una vivienda no ejerza esa "posesión" sobre la misma. Bajo ese paraguas se encuentran, principalmente, las viviendas en estado de abandono o de semi-abandono, y la entrada en ellas no se consideraría, a priori, un delito tan claro como en los preceptos anteriores. Por ello, si el propietario lo requiere, las fuerzas de seguridad tendrían que recurrir antes a las correspondientes medidas judiciales.
Un 40% más de denuncias
Según fuentes de seguridad, la instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común, aunque aún no se han marcado un horizonte temporal para su desarrollo o implantación. Aseveran que una instrucción bajo estos términos "facilitaría" la coordinación de los cuerpos policiales -más aún si la Fiscalía General del Estado lo apoya con su firma-, a pesar de las diferencias de criterio que hay entre las Comunidades Autónomas.
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio del Interior, el número de denuncias por okupación se ha disparado en España un 40% en los últimos cuatro años. Cataluña es la región donde se produce un mayor un aumento, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020, seguida de Andalucía (2.535 denuncias en el mismo periodo de tiempo). En la Comunidad de Madrid, por el contrario, la cifra se redujo hasta los 657 casos, un 9,5% menos respecto al año anterior.
Policía y Guardia Civil consideran que la diferencia de criterio entre las regiones dificulta su trabajo frente a las okupaciones ilegales de viviendas. Y confían en que un protocolo único sirva para cambiar drásticamente la tendencia creciente de los últimos años.
