El magistrado Rafael Lasala, que investiga los pormenores de la entrada en España de Brahim Ghali, ha ordenado a la Policía Nacional que elabore un atestado en el que aclare cómo se trasladó al líder del Frente Polisario desde Zaragoza -donde aterrizó el avión procedente de Argelia- hasta el hospital de Logroño en el que se trató del coronavirus. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza quiere esclarecer los detalles concretos de este episodio tras el choque de versiones en relación a su traslado al hospital.
El instructor pone el foco en los hechos que se produjeron la noche del 18 de abril después de que el Gobierno de Aragón informara al juzgado que no tenía constancia en sus registros de que hubiera sido trasladado al hospital San Pedro ni con medios propios ni ajenos del Servicio Aragonés de Salud. Esta respuesta no coincide con la versión facilitada por la Comisaría General de Información al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga dos querellas contra Ghali por delitos de tortura y lesa humanidad, entre otros.
Los agentes informaron al instructor que Ghali llegó al centro médico de La Rioja a las 22.48 horas y que provenía de Zaragoza, desde donde le trasladó una "ambulancia medicalizada del Servicio de Salud de Aragón". Ante estas versiones contrapuestas entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior, Lasala ordena a la Policía Nacional que elabore el atestado y que incluya en el mismo el testimonio del responsable del Servicio de Cuidados Intensivos que atendió a Ghali en el momento de su ingreso, el cual se hizo ya con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche.
En su providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, expone que hay que esclarecer "las circunstancias" de este asunto, la identidad de la ambulancia que le transportó, el nombre de la persona que registró el pasaporte a nombre de Benbatouche, las llamadas que recibió durante su estancia en el hospital, y, sobre todo, que detalle cómo sabía que detrás de esta identidad se encontraba el líder del Frente Polisario. El oficio policial que obra en la Audiencia acreditó que Ghali ingresó en el hospital con ese nombre, un pasaporte no identificado y una fecha de nacimiento igualmente falsa. El médico que le atendió le reconoció como el líder del movimiento a favor de la independencia del Sáhara Occidental.
Órdenes de no identificarle
El juez también remite oficio a la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Zaragoza para que informe acerca de si la Policía de la base aérea de Zaragoza custodió el acceso a la base de la ambulancia que recogió a Ghali y de si el avión en el que aterrizó en España fue controlado por algún personal de la base. De ser afirmativo, solicita su identificación. De este modo, el juez no solo quiere esclarecer lo relativo al traslado a La Rioja, sino también por qué se saltaron el protocolo y evitaron identificar al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El testimonio del general jefe de Movilidad Aérea, José Luis Ortiz-Cañavate, deja en entredicho la versión que ofreció de estos hechos el Ministerio de Exteriores que entonces dirigía Arancha González-Laya. El comandante confirmó el aterrizaje en la base aérea de la aeronave pero dejó claro que ni Ghali ni los que viajaban con él (un médico de Argelia y el número dos del Polisario) pasaron el control de pasaporte ni de aduana. Según apuntó en el cuestionario enviado al juzgado, se recibieron órdenes por vía telefónica del Ejército del Aire de que no se les identificara.
Esta afirmación de nuevo se opone a la que ofreció el Gobierno acerca de que el líder del Polisario llegó a España empleando su verdadero pasaporte para identificarse. Las explicaciones del Ejecutivo se produjeron a tenor de la grave crisis diplomática desatada con Marruecos cuando se supo de la presencia en España del activista saharaui. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió que se le hospitalizó en España por razones humanitarias, si bien Marruecos consideró esta ocultación como un ataque y respondió desencadenando una crisis migratoria sin precedente incitando a la llegada masiva de migrantes en Ceuta.
La denuncia de ACAVITE
Además de las diligencias ahora acordadas, Lasala pone el foco en una denuncia que se presentó contra Ghali en 2012 en la Audiencia Nacional y pide copia en aras a esclarecer su actual estado. La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) reclamó que se investigara el asesinato de 281 personas en el Sáhara español a manos, dicen, del Polisario. Según plasmaron, durante más de tres décadas se produjeron atentados contra trabajadores españoles que se encontraban en esa zona del Sáhara antes y después de la transición. Al respecto solicitan que se investiguen estos hechos para evitar la "absoluta impunidad" que atribuye al movimiento saharui.
El magistrado acuerda estas diligencias solicitadas por el letrado Antonio Urdiales, el cual expuso en su escrito que el Gobierno ocultó la entrada en España de Ghali tratando de tapar todas "las pruebas". El líder del Polisario, por su parte, declina estas acusaciones. Así, apuntó en su declaración ante el juez el pasado 1 de junio que esta causa respondía a motivos políticos y que no había prueba alguna que avalara las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, genocidio o torturas que pesan sobre él. Tras interrogarle por videoconferencia, el magistrado Santiago Pedraz le dejó en libertad.
Ello propició que esa misma noche Ghali abandonara el hospital donde había permanecido las últimas semanas para partir rumbo de vuelta a Argel. Con todo, los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional han seguido su curso, pese a que la defensa del presidente de la RASD ha solicitado el archivo de su causa en reiteradas ocasiones. El magistrado Pedraz, por su parte, prefiere esperar a escuchar dos víctimas más de las supuestas torturas cometidas por el líder Polisario. Ambos están citados en calidad de testigo para el próximo martes 27 de julio.
