Las asociaciones cívicas españolas que convocaron la concentración de Cibeles18N, en la que se dieron cita más de un millón de ciudadanos, han presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por "la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". Según el colectivo, la norma, además, "invalida la acción de los Tribunales de Justicia y otorga impunidad a los delincuentes a cambio de sus votos". "El socialismo español se ha convertido en un apéndice del ultra nacionalismo más casposo y xenófobo que existe en Europa", aseveran.
A través de un comunicado, que será comunciado el próximo 23 de enero, las asociaciones se hacen eco del pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido independentista "ultanacionalista" que, según recoge, "protagonizó un golpe contra la democracia y cuyo máximo dirigente es un prófugo de la Justicia". Señalan "el espíritu antieuropeo y contrario con los valores europeos, incluido el estado de derecho, del pacto suscrito".
El documento afirma que "las mismas cuestiones que se señalan en la denuncia" han sido expresadas en el informe oficial sobre la proposición de ley de Amnistía "elaborado por los Letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados".
Según el colectivo, "el PSOE ha pactado la gobernabilidad de España con un prófugo de la Justicia", un pacto que "es profundamente antieuropeo" y cuyo contenido "atenta gravemente contra los valores democráticos de la Unión".
Es un pacto vergonzoso, negociado de espaldas a los ciudadanos y al margen de las instituciones democráticas"
El texto incluye 10 puntos que desglosan la denuncia de las asociaiones. Según estas, "en democracia no caben pactos políticos con quienes han violado la ley y se han fugado de un Estado para evitar la acción de la Justicia". "Recordemos que Puigdemont está acusado por los tribunales españoles de graves delitos de desobediencia y malversación, además de terrorismo", señalan.
El de la amnistía, "un pacto vergonzoso"
Para los firmantes, se trata de "un pacto vergonzoso, negociado de espaldas a los ciudadanos y al margen de las instituciones democráticas", algo que, defienden, atenta "contra el principio de transparencia que rige la acción de la Unión Europea y sus Estados miembros" en su acción política y es un elemento fundamental de un sistema democrático".
El documento continúa denunciando que la ley está "hecha a medida de los socios del PSOE" y que el objetivo es "borrar los delitos cometidos por los políticos socios del nuevo Gobierno". Además, defienden que "otorgar amnistía a quienes perpetraron el golpe de estado de 2017 es un fraude democrático mayúsculo y es contrario a la Constitución".
Según recoge el documento, el proyecto de ley "también fue ocultado a las instituciones europeas, y que si el PSOE optó por una proposición de ley de su grupo político fue "para eludir la consulta perceptiva".
Por otro lado, sobre los delitos de malversación, destacan que los delitos de corrupción "están expresamente mencionados en los tratados como delitos de especial gravedad". "Amnistiar estos delitos, especialmente cuando los cometen políticos, y hacerlo a cambio de votos, tiene un impacto extraordinariamente negativo", continúa el documento.
El Ejecutivo "se habría comprometido a transferir las competencias de inmigración a Cataluña (...) contraria a los compromisos del Gobierno contraídos con Europa".
En cuanto a los delitos de terrorismo, las asociaciones firmantes recogen que la ley de Amnistía "pretende borrar aquellos sin sentencia firme. Es decir, todos los que están siendo investigados en estos momentos en relación a los hechos delictivos posteriores al intento de golpe de estado de 2017". Asimismo, hablan sobre las comisiones parlamentarias de investigación "para señalar y represaliar a jueces y funcionarios" que investigaron y encausaron las acciones delictivas de los políticos.
Transferencia de Inmigración a Cataluña
Finalmente, la carta afirma que existen dos cuestiones en paralelo. "Por exigencias de Junts, el Gobierno eliminó la cláusula para dejar en suspenso la aplicación de leyes sometidas a cuestión prejudicial", dice para añadir que el Ejecutivo "se habría comprometido a transferir las competencias de Inmigración a Cataluña". "Ambas cuestiones son contrariar a los compromisos del Gobierno contraídos con Europa", concluye el documento.
