Es muy posible que el próximo inquilino que ocupe la vivienda oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentre el secador de pelo que se adquirió en julio del año pasado, a los pocos días de la elección de Josep Borrell para dirigir la diplomacia española.
La anécdota del secador no es una leyenda urbana ni fruto de las habladurías en el palacio de Santa Cruz, la sede histórica de Exteriores junto a la madrileña Plaza Mayor, sino que quedó plasmada en un concurso de contratación pública con su presupuesto base de licitación (55 euros con IVA), el número de ofertas recibidas (una de El Corte Inglés) y el plazo de ejecución de la compra (ocho días).
Todo ello apareció en el Portal de la Transparencia del Gobierno en un sorprendente ejemplo de celo burocrático a la hora de publicitar los contratos de la Administración... por insignificantes que sean. A la postre, fue la primera de las huellas que ha dejado el paso de Borrell por Exteriores.
Borrell ha estado un año y medio al frente de la diplomacia española, mucho más de lo que se pensó cuando aceptó el encargo de Pedro Sánchez de encabezar la candidatura del PSOE a las elecciones europeas del 26-M. Amagó con ir a Estrasburgo de eurodiputado -llegó a recoger el acta en el Congreso de los Diputados-, pero en el último momento renunció al escaño para no dejar Exteriores descabezado mientras durase el Ejecutivo en funciones -lo sigue a día de hoy-.
En aquel momento ya sabía que tenía muchas posibilidades de ser el representante español en la nueva Comisión Europea. Finalmente, el puesto de alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común en sustitución de Federica Mogherini colma sus aspiraciones políticas a cuatro meses de cumplir los 73 años y permite al Gobierno 'vender' que España recupera un puesto de primer nivel internacional tras una larga travesía del desierto durante la etapa de Mariano Rajoy.
El ministro ha visitado 40 países en casi 18 meses, algunos de ellos dos veces en el lapso del último mes -Cuba y Japón-, un ritmo trepidante que seguramente emule ahora desde Bruselas como jefe de la diplomacia europea.
La etapa ministerial de Borrell se recordará, seguramente, por la ofensiva diplomática contra el secesionismo catalán. No tanto en los contactos discretos entre bambalinas -con el PP no hubo ningún reconocimiento internacional de Cataluña tras una callada y efectiva labor de los embajadores-, sino a la hora de responder en público o en los medios a las descalificaciones de Quim Torra contra la democracia española.
En su último día como ministro, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó suspender de forma cautelar la apertura de 'embajadas' catalanas en Argentina, México y Túnez
El punto de inflexión se produjo en junio de 2018, a los pocos días del cambio de gobierno en España, cuando el presidente catalán tomó la palabra en un acto cultural en Washington. En dicho acto, cerrado a la prensa, se refirió a los líderes del procés en prisión como "presos políticos" y utilizó términos como “represión” y “exilio” para describir la causa judicial en el Supremo y las fugas al extranjero de Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros.
Tras concluir su discurso y cantarse el himno de Els Segadors, el entonces embajador español en EEUU, el exministro popular Pedro Morenés, subió al estrado, desmintió a los presentes que en España hubiese "presos políticos” y desgranó varios indicadores internacionales que destacan la salud de la democracia española. Torra y el resto de la delegación catalana se levantaron de sus asientos, abandonaron la sala entre improperios contra el embajador y protestaron a Borrell, quien lejos de ampararles, reconoció que la acción de Morenés no había sido improvisada, sino fruto de una orden personal suya.
Frenar la expansión de 'embajadas'
Borrell también se puso como objetivo frenar la expansión de las delegaciones o 'embajadas' catalanas en el exterior. Precisamente, el pasado miércoles y casi al mismo tiempo que se conocía que Margarita Robles le sustituirá en Exteriores mientras el Gobierno esté en funciones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó suspender de forma cautelar la apertura de 'embajadas' del Govern catalán en Argentina, México y Túnez.
El Gobierno de Sánchez llevó a cabo esta acción con la intención de "evitar los perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior del Estado que con toda seguridad le producirá la entrada en funcionamiento de las tres delegaciones del Govern". La victoria judicial, aunque no es definitiva, corrigió un revés previo.
En julio, el mismo TSJC rechazó paralizar provisionalmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania, Suiza y Reino Unido, como le pidió el Gobierno anterior del PP, a la espera de resolver si las cierra. En aquella ocasión, se desestimó la petición porque la Abogacía del Estado no la solicitó cuando correspondía.
El difícil equilibrio con Venezuela
Latinoamérica ha sido la zona geográfica a la que más atención ha prestado, sobre todo en los últimos meses con revueltas en Ecuador, Chile -que obligó a trasladar a Madrid la cumbre de la ONU sobre el Clima-, Bolivia y Colombia. Al reconocimiento en febrero de Juan Guaidó como presidente "encargado" de organizar elecciones presidenciales en Venezuela, le siguió un difícil equilibrio en el que no se llegó a romper con Nicolás Maduro. Tras el frustrado golpe civico-militar de abril, el opositor Leopoldo López se refugió en la embajada española en Caracas.
"Nos guste o no, (el Gobierno de Maduro) hoy tiene el control del país y la administración el territorio, y nosotros tenemos muchos españoles ahí, muchos españoles que reciben pensiones, muchos intereses económicos y sobre todo humanos", ha reconocido el ministro en más de una ocasión. En España, por el momento, conviven dos embajadores venezolanos, aunque al de Guaidó no le dejan pisar la alfombra roja.
Otro punto de preocupación para Borrell han sido las complejas relaciones con Irán y los esfuerzos por que el acuerdo de control de armas nucleares se mantenga firme pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de denunciarlo y de sancionar a las empresas -en su mayoría europeas- que siguieran manteniendo relaciones con los iraníes.
