La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado quedarse con la investigación que tramita un juez de Cornellà de Llobregat (Barcelona) sobre la actuación de los Mossos el 1-O y que asegura que existen indicios para imputar, entre otros, al actual jefe de la policía autonómica, Ferrán López.
Lamela adopta esta decisión con el apoyo de la Fiscalía en un auto en el que rechaza la inhibición en favor de la Audiencia Nacional planteada por este juez, al entender que no existe conexión entre sus pesquisas y las que ella tiene abiertas a la excúpula de los Mossos el 1-O, entre ellos al mayor Josep Lluis Trapero y a su jefe político Pere Soler.
Tanto la magistrada como la Fiscalía, según refleja la resolución, entienden que no existen motivos "que aconsejen" que estos dos procedimientos sean juzgados en "una única causa" y recuerda que también lo ha considerado así el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "al haber reclamado únicamente una parte de las actuaciones" que inició la juez en la Audiencia Nacional.
En su auto de inhibición, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat señalaba que tenía indicios de criminalidad para imputar por sedición a siete integrantes de la cúpula de los Mossos, incluido a su actual jefe, Ferran López.
En concreto, además de a Trapero y a López, el juez apunta como responsables de la inacción de los Mosos el 1-O al comisario superior de coordinación central, Joan Carles Molinero, y al comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo.
También advertía a Lamela sobre los indicios de criminalidad en la actuación del comisario de la jefatura de los Mossos d'Esquadra Xavier Gàmez, que era un estrecho colaborador de Trapero antes de que el mayor fuese destituido el 27 de octubre, así como del intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, además del jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad y la jefa de los servicios jurídicos.
"Evitar el cumplimiento de la orden del TC"
El juez ve "evidente" que el diseño realizado por la jefatura de los Mossos "se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del Tribunal Constitucional y del TSJC, camuflando tales intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia".
Afea también a los Mossos que el 1-O dieran fiesta o vacaciones a un "número importante" de agentes antidisturbios y que únicamente desplegaran a 7.500 efectos, de los 17.000 disponibles, cuando en unas elecciones normales se movilizan unos 12.000.
Además, afirma que cuesta entender que sólo enviara a una pareja de agentes a cada punto de votación, que los centros de mando omitieran "continuamente" el envío de refuerzos y que se actuara de modo "pasivo y permisivo", sin anticiparse a las concentraciones de partidarios del referéndum que se apostaron frente a los colegios.
Lamela, esgrimiendo los mismo argumentos sobre la falta de conexidad, ya rechazó el pasado 10 de abril la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 4 de Lleida y en la que están siendo investigados cuatro jefes de los Mossos de esa provincia catalana.
