La democracia española atraviesa un momento crítico. Tras casi tres años de parón legislativo en las Cortes Generales, con una legislatura baldía por la repetición electoral, unos Presupuestos prorrogados y una ristra de reformas y nombramientos pendientes, el contagio del coronavirus ha dejado a las dos Cámaras en un stand-by cuando todo estaba listo para que la actividad parlamentaria echase a andar.
La hoja de ruta trazada por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos quedará seriamente tocada ante la realidad económica que se avecina por una crisis sanitaria global para la que todavía no hay una solución. El Ejecutivo, con no pocas discrepancias en su seno, se centrará primero en atajar la difícil realidad económica, empresarial y de empleo que acarreará la pandemia.
Hasta ahora, su objetivo era impulsar una batería de casi medio centenar de reformas en los primeros seis meses a base de proyectos de Ley que se discutirían en el Parlamento. Pero el coronavirus ha dejado su funcionamiento bajo mínimos, como pudo verse este miércoles en el Pleno del Congreso convocado sólo con algunos portavoces para que Pedro Sánchez explicase el decreto del estado de alarma.
La idea es evitar que los contagios se propaguen entre los parlamentarios, aunque ello implique dejar congeladas las comisiones legislativas constituidas a comienzos de febrero donde se discuten y desarrollan las normas y en las que los titulares de cada cartera expusieron sus principales líneas de acción.
El próximo miércoles 25 está convocado un pleno para convalidar dos decretos pendientes; la reforma del Estatuto de los Trabajadores para prohibir los despidos por bajas médicas acumuladas y otro con medidas urgentes para agricultores y ganaderos por la crisis del campo. También se debatirán acumuladamente los otros tres recientemente aprobados con medidas urgentes para hacer frente al Covid-19.
También se ha reservado un punto adicional en caso de que el Ejecutivo considere necesario -como así parece- ampliar la duración del estado de alarma. Aunque Moncloa no necesitó autorización para decretarlo el pasado sábado, sí requiere el visto bueno de la Cámara Baja para alargar su vigencia.
Renovaciones pendientes
Pero al nuevo parón legislativo se suma la renovación pendiente de órganos constitucionales o instituciones en los que intervienen las Cortes. Sigue pendiente cambiar a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en funciones desde 2018-, y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso cuyo mandato expiró el pasado 7 de noviembre. Entre ellos está el actual presidente, Juan José González Rivas.
También permanece en vía muerta la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), cuya administradora única Rosa María Mateo lleva las riendas del ente público de forma provisional desde hace casi dos años. También sigue pendiente elegir a un nuevo Defensor del Pueblo.
En el ámbito de los reguladores y supervisores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue esperando al relevo de su presidente, José María Marín Quemada, que cumplió seis años en el cargo el pasado 9 de septiembre y el de otros tres consejeros. Son nombramientos a propuesta del Ejecutivo, previa comparecencia en el Congreso con votación.
La situación de excepcionalidad podría extenderse a los consejos de otros organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyas renovaciones están previstas para este mismo año 2020.
