El gran dilema está sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dado hasta el viernes para anunciar cuál es su hoja de ruta una vez que los independentistas catalanes han unido sus votos a los del PP y Ciudadanos para tumbar los Presupuestos Generales en el Congreso.
Sólo hay dos razones que justifiquen un adelanto electoral. Minimizar la pérdida de votos ante un escenario de desgaste anunciado o tratar de incrementar el número de escaños aprovechando el viento de cola y la popularidad del candidato.
En el caso del Gobierno socialista, la situación es completamente atípica, pues por el medio hay convocadas unas elecciones municipales, autonómicas y europeas para el 26 de mayo, un juicio histórico contra los dirigentes independentistas y una derecha dividida en tres que incrementa la presión hacia las urnas sacando a las calles a miles de personas.
En Moncloa cobra fuerza la posibilidad de convocar los comicios el 28 de abril después de meses de especulaciones sobre la conveniencia o no de celebrar el denominado 'superdomingo' electoral en mayo. Pero hay un tercer escenario que pasa por aguantar en la Presidencia hasta otoño, cuando previsiblemente el juicio del procés debería haber finalizado.
La opción de abril comenzó a ganar enteros desde que los independentistas parecían decididos a tumbar las cuentas. La gran ventaja, precisamente, es que el relato de que son los separatistas quienes han ahogado las posibilidades de gobernar estaría casi intacto. Aunque 54 días en la realidad política actual son un mundo donde puede pasar de todo.
La opción de celebrar un 'superdomingo' el 26 de mayo con cinco urnas en los colegios entraña serios riesgos. Sánchez podría llevarse por delante a medio partido socialista jugándoselo a un todo o nada. Los barones rechazan de plano la posibilidad de que la campaña nacional eclipse el mensaje en sus feudos regionales y locales.
Y, en tercer lugar, haciendo caso al título del libro que el jefe del Ejecutivo está a punto de sacar al mercado (Manual de resistencia), existe la opción de retrasar los comicios hasta otoño. Aunque sus hasta ahora socios parlamentarios la ven como una "agonía". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró estar dispuesta a sacar adelante las medidas sociales que no estaban contenidas en los Presupuestos.
Pero para eso se necesitan meses de tramitación parlamentaria o, al menos, para elaborar unos decretos cuya convalidación en el Congreso no está asegurado por la ruptura de la mayoría que hizo prosperar la moción de censura.
Además, el argumento del bloqueo de los independentistas a las cuentas habría perdido todo el fuelle. Y complicaría sobremanera el relato de cara a las elecciones una vez se hayan formado gobiernos autonómicos gracias a eventuales pactos entre PSOE y Ciudadanos.
