Josep Lluís Quer, expresidente de la empresa pública epicentro del caso 3% Infraestructures.Cat, se ha desvinculado del pago de presuntas comisiones a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y al PDeCAT. Lo ha hecho ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso 3%, en el marco de una serie de interrogatorios que tienen lugar esta semana. El exdirectivo ha negado su participación en la mesa de contrataciones y responsabilizado a Josep Antoni Rosell, quien fuera director general de la entidad y dirigente del partido de Artur Mas, según han informado a Vozpópuli fuentes del caso.
Hace un año el magistrado José de la Mata acordó ampliar la investigación de la causa a CDC y al PDeCAT, como personas jurídicas, por "delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales". Este miércoles, el extesorero de CDC Daniel Osacar y el presidente de Teyco, Jordi Sumarroca Claverol, estaban citados como investigados para declarar como investigados. Ambos, sin embargo, han decidido no responder a las preguntas del ministerio público ni a las de sus defensas.
Quer ha accedido a ser interrogado por su abogado. Durante su comparecencia, ha explicado su trabajo diario desde 2011 y ha insistido en que fue él quien instauró el sistema de transparencia en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA). Según las pesquisas de la Guardia Civil, Quer seguía manteniendo vínculos con una de las empresas beneficiadas a la vez que concedía contratos desde la antigua GISA.
El que fuera presidente de Infraestructures.Cat ha asegurado que la mesa de contratación decidía, pero que la OTA era la responsable de hacer el análisis sobre las ofertas que finalmente iba a Josep Antoni Rosell, quien fuera director general de la empresa púbica hasta su cese en 2016 tras ser detenido e imputado por su participación en la trama de mordidas.
"Donaciones irregulares"
El Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga la presunta financiación irregular de CDC mediante el pago de comisiones ilegales al partido político. Los sobornos estarían a cargo de empesarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña. Las investigaciones de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal han desvelado que las mordidas, que superarían el millón de euros, habrían ido a parar a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fòrum Barcelona) para que se amañaran "todo tipo de concursos públicos".
El juez estima que el monto total de las "donaciones irregulares" vinculadas a las licitaciones investigadas asciende a más de un millón de euros. Las adjudicaciones definitivas alcanzan los 168,7 millones, sin añadir los modificados de proyecto y las prórrogas.
La investigación de la causa se inició en un juzgado de El Vendrell (Baix Penedès) por los delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas. Incluye también malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
Comisión rogatoria a Chile
Tras un año de pesquisas en la Audiencia Nacional, se han celebrado los primeros interrogatorios en Madrid. La declaración de Quer ha tenido lugar después de varios intentos de la Fiscalía anticorrupción de llevar al exdirectivo de la Generalitat ante el juez.
De hecho, hicieron falta dos comisiones rogatorias a Chile para que acudiera a declarar. Fuentes de la investigación han confirmado a Vozpópuli que Quer tendrá que volver a comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio.
