El expresidente de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluis Quer vuelve este martes a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción por unas diligencias derivadas de la causa del 3% centradas en adjudicaciones presuntamente irregulares por servicios de ingeniería.
Quer, que compareció ante el mismo juez hace dos semanas en relación al presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en la Generalitat que gobernaba Artur Mas, volverá ante el mismo instructor pero esta vez para responder sobre su relación con una de las adjudicatarias, la empresa de asesoría en materia de ingeniería Aurin.
Las diligencias se incoaron el año pasado a partir de la documentación intervenida en los registros de octubre de 2015 por la causa del 3% y en concreto, el hallazgo de unos correos electrónicos que señalaba prácticas como el concierto de una serie de empresas para repartirse las adjudicaciones de contratos de este tipo de servicios a cargo de Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria de obra pública de la Generalitat.
Según un informe de la Guardia Civil, varias empresas privadas de ingeniería se presentaban a concursos de asesoría técnica, pactando previamente entre sí la cuantía de las ofertas que debían presentar para excluir aquellas empresas competidoras que pudieran aspirar a las adjudicaciones.
Medidas de transparencia
En la declaración prestada el pasado 3 de julio ante el titular de Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco del caso sobre la presunta financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Quer afirmó que no conocía la dinámica de adjudicaciones y que no participaba en la mesa de contratación, como tampoco en la Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), el organismo que analizaba con carácter previo las ofertas, según informaron fuentes jurídicas.
A preguntas de su abogado, incidió en que fue él quien promovió las medidas de transparencia en el departamento de infraestructuras y quien propició en 2011 la puesta en marcha de la OTA para que ejerciese controles previos.
