El Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado al excónsul en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, por un supuesto delito de descubrimiento de secretos, al haber incluido en junio en la demanda contra su cese decretado por Josep Borrell una serie de informes y correos internos del departamento que dirige ahora Arancha González Laya.
La propia ministra anunció ayer en sede parlamentaria que existen dos casos judiciales que afectan a Vecino: uno contencioso por lo civil, refiriéndose a la citada demanda del excónsul contra su destitución, y otro por lo penal. Esta denuncia contra un diplomático español por delito de descubrimiento de secretos no tiene precedentes en la historia reciente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un juzgado de Plaza Castilla (Madrid) ya ha abierto diligencias previas en este caso y ha citado a declarar a principios de marzo al jefe de Gabinete de González Laya, Camilo Villarino, y a la actual secretaria de Estado de Cooperación Internacional y hasta hace poco subsecretaria de Exteriores, Ángeles Moreno. Los dos comparecerán en calidad de testigos. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
Exteriores alega en su denuncia que el diplomático vulneró una decisión del Consejo de Ministros de 2010 que declaró con carácter secreto o reservado una lista de 17 asuntos que, en la práctica, supone proteger cualquier documento que se elabore en este Ministerio. De ahí que se acuse a Vecino de descubrimiento de secretos.
Vecino presentó a mediados de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contra su cese ordenado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a principios de junio. Unos días después, Vozpópuli tuvo acceso a la demanda de fuentes judiciales y publicó una serie de noticias bajo el epígrafe 'Los papeles de Escocia'.
El 'caso Vecino'
Aquella destitución fue a raíz de la polémica surgida por una carta que apareció en la prensa escocesa. Fue el 6 de junio. Aquel día, el diario The National publicó una misiva en la que el diplomático aseguraba que el Gobierno español no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la UE si dicha secesión se consumaba por vías legales. Curiosamente, la carta no había sido enviada a The National, sino a otro periódico -The Herald-, que a mediados de abril había decidido no publicarla al tratarse de una carta privada.
Su contenido, sin embargo, llegó a oídos del Gobierno escocés, que pidió al cónsul español una copia de la misma, ya que resumía la posición oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El diplomático español accedió a ello a condición de que no se hiciera pública, pero la ley de Transparencia escocesa obligó al Ejecutivo de Nicola Sturgeon a informar de ella cuando The National se lo pidió por escrito. De ahí que, en último término, Vecino culpase al Gobierno escocés de haber actuado con mala fe en este asunto.
Desde Exteriores se hizo hincapié en aquel momento en que Vecino, en su calidad de cónsul general, no ejercía "funciones de representación política de España", por lo que con esa misiva publicada en The National se había "extralimitado claramente en sus funciones".
"No le corresponde a un cónsul general hacer este tipo de declaraciones de naturaleza política", aseguró un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID), "y menos sin acordarlo previamente con el embajador de España en Londres o con la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática del Ministerio de Exteriores". Lo chocante es que casi toda la labor consular de Vecino fue, en realidad, de carácter político, tal y como admitió Exteriores con posterioridad en varias reuniones internas.
80 documentos anexos
La demanda de noviembre redactada por el bufete Cámara&Villalba incluyó 80 documentos anexos con los que el diplomático defendió el buen desempeño que, a su juicio, tuvo en la capital escocesa en los nueve meses que estuvo allí destinado.
La mitad de esos documentos tenían un gran valor informativo pues correspondían a telegramas diplomáticos y correos electrónicos que Vecino se intercambió con asesores del ministro de Exteriores, Josep Borrell; el embajador en Londres, Carlos Bastarreche; y otros diplomáticos en la capital británica.
