La Policía ha descubierto que los Pujol ingresaron más de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) en la compra en 1991 por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por el cabeza del clan familiar, Jordi Pujol Soley, de un edificio destinado a ser la Conselleria de Medio Ambiente, según consta en un informe del Grupo 24 de la UDEF-BLA dirigido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso, José de la Mata, y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los agentes han llegado a esta conclusión tras confirmar la veracidad de la declaración que hizo en 1994 el empresario Alberto Freixa Vidal en el caso de corrupción denominado Grand Tibidabo, en la que aseguró que una parte de la comisión abonada en la compra de la Generalitat había acabado en manos de uno de los hijos de los Pujol.
Y la UDEF-Bla ha confirmado este cobro presuntamente irregular al descubrir que la empresa denominada Catalana de Mitjans Edició SA, cuyo administrador único era Joan Antón Sánchez Carreté, el asesor financiero de la familia Pujol Ferrusola, ingresó un cheque por un valor de 9.365.000 pesetas (56.284 euros) en la operación, por la que la Generalitat presidida por Jordi Pujol Soley pagó 25,1 millones de euros en 1991 al empresario Javier de la Rosa.
Asesor financiero
"La aparición del asesor financiero de la familia Pujol Ferrusola en esta operación, dadas las connotaciones que esta persona tiene para el procedimiento, añade un nuevo indicio que nos permitiría situar a alguno de sus miembros en el devengo de comisiones por la venta de la sede del Consorcio Nacional de Leasing SA (CNL) a la Generalitat", especifican los agentes en su informe, que ya tiene sobre su mesa el juez De la Mata.
La aparición del asesor financiero de la familia Pujol Ferrusola en esta operación añade un nuevo indicio que nos permitiría situar a alguno de sus miembros en el devengo de comisiones", indica la Policía
Pero la documentación facilitada de forma reciente por las autoridades de Andorra aporta más pruebas del cobro presuntamente irregular de los Pujol tras la compra del edificio que en la actualidad alberga el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat catalana.
Al examinar la Policía los movimientos de los Pujol en el AndBank de Andorra, los agentes encontraron una entrada de fondos que tuvo lugar el 1 de agosto de 1001 por importe de 8.352.409 pesetas: "Que pudiera estar relacionado con el cheque por importe de 9.365.000 pesetas (56.284 euros) que fue cobrado por Catalana de Mitjans i Edició SA. tan sólo dos días antes, el 29 de julio de 1991, y que hemos vinculado al asesor fiscal de la familia Pujol Ferrusola, Joan Antón Sánchez Carreté", concluye el informe policial.
"Ilícitas comisiones"
"Se nos plantea como muy plausible el que el abono por importe de 8.352.409 pesetas que recibió la cuenta de la entidad AndBank el día 1 de agosto de 1991 procediera de la sociedad que hemos vinculado a Joan Antón Sánchez Carreté y por tanto, podríamos incluirlos en las ¡lícitas comisiones que se devengaron de la venta de la sede de la sociedad CNL a la Generalitat de Cataluña, tal y como refirió Alberto Freixa Vidal ante el juez instructor", destacan los agentes.
El documento policial también aporta una hipótesis que explicaría la diferencia entre las 9.365.000 pesetas del cheque que cobró el asesor de los Pujol y las 8.352.409 pesetas que acabaron en la cuenta del clan familiar del expresidente catalán: "La diferencia entre la cantidad que figura en el cheque cargado en la cuenta y la que finalmente llegó a la cuenta vinculada a Jordi Pujol Ferrusola en Andorra, pudiera explicarse por el pago de comisiones de intermediación a Catalana de Mitjans i Edició SA".
Entre los perceptores de las presuntas comisiones se encuentra también la firma Coterma, vinculada a Lluís Prenafeta i Garrusta, antiguo secretario general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya cuando ésta era dirigida por Jordi Pujol Soley. Prenafeta fue condenado a dos años de cárcel el pasado verano en el 'caso Pretoria'.
Este informe de la Policía se conoce después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un departamento adscrito a la Agencia Tributaria, concluyera que el presunto fraude de la familia Pujol en sus ingresos de empresas constructoras entre 2004 y 2008 fue siete veces mayor de lo conocido inicialmente.
