El Partido Popular ha entrado en cólera con el reparto que el Gobierno ha establecido al dictado de Junts -y de espaldas al grueso de autonomías- de los 4.500 menores no acompañados que, todavía hoy, siguen varados en las islas Canarias. En virtud del esfuerzo previo, la formación independentista ha logrado que Cataluña apenas acoja a veinte niños, una cifra irrisoria si se compara con los que ochocientos que recibirán la Comunidad de Madrid o Andalucía. 

Como avanzó ayer Vozpópuli, los barones populares tienen intención de sortear la distribución aprobada por la Moncloa, que en la dirección de Génova califican de "partidista". Alberto Núñez Feijóo, sostienen en su equipo, respalda a sus dirigentes territoriales y se muestra partidario de no acoger a menores cuando los centros se encuentran sobresaturados. No obstante, si la ley obliga, en el politburó gallego admiten que no quedará más remedio que cumplirla: "No somos un partido insumiso, cuando Moncloa mande a los menores en autobús no vamos a enviar a la policía local para impedir su entrada". 

Los servicios jurídicos del PP están analizando cada coma del decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros a fin de frenar su aplicación. "Estamos estudiando la capacidad normativa y jurídica de las comunidades para sortear el reparto", admiten. "Tenemos que ver cómo proceder, con el equipo jurídico de cada territorio, no tenemos respuestas en tiempo real". 

La pregunta clave, aseguran en la cúpula popular, es: "¿Queremos acoger menores donde no se pueden acoger?". La respuesta: "No". Ante las críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir un discurso racista, fuentes del entorno de Feijóo replican que la solución de sacar a los niños de Canarias, donde se encuentran hacinados, para llevarlos a centros que están desbordados, es hacer un pan como unas tortas. 

Para los populares, además, resulta prioritario el itinerario de los menores hasta que se emancipan. Cabe destacar que, una vez que cumplen la mayoría de edad, dejan de estar bajo la tutela estatal. Y lo que el PP arguye es que las comunidades deben de contar con medios para, llegado el momento, brindarles una oportunidad de integrarse. Cosa que, con los servicios desbordados, resulta directamente inviable. "Sin un futuro profesional, el futuro que se les ofrece a los menores es la beneficencia. Las autonomías pagan la sanidad y la educación, ¿cómo financian los servicios a esos menores cuando cumplan mayoría de edad? ¿Dónde viven, dónde duermen, dónde estudian?", se preguntan. 

"Estamos sobrepasados"

No obstante, el PP empieza a asumir que tendrán que tragar con el sapo del reparto pactado entre Sánchez y Puigdemont. Y eso que todas las comunidades populares tienen sus centros por encima del 100% de su capacidad. Algunos barones, como Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana o Fernando López-Miras en la Región de Murcia han desafiado al Gobierno y anticipan una batalla sin cuartel para no recibir a ningún menor. "Estamos sobrepasados", denuncia el barón murciano, cuya comunidad tiene su capacidad por encima del 200%. 

En el caso de Andalucía, las plazas para atender a menores migrantes alcanzan el 100% de ocupación. En lo que llevamos de año, el sistema de protección de menores en esta región ha recibido a un total de 1.376 niños, lo que supone un incremento del 11,14%. En Aragón, la capacidad se encuentra disparada al 170%; mientras que en Castilla y León ronda el 150%. En Baleares, según fuentes del Govern, "solo en Mallorca hay 369 menores migrantes, que suponen una sobreocupación del 950% de las plazas previstas". En la Comunidad de Madrid, el parte que dan es de 10.618 menores no acompañados atendidos desde 2019 por "la nefasta política migratoria de Sánchez". 

El reparto de menores migrantes abre una segunda derivada política para el PP: es una de las exigencias que Vox ha puesto encima de la mesa para aprobar los presupuestos en aquellos territorios donde los populares no cuentan con la mayoría absoluta. El primero que ha verbalizado las demandas del partido verde ha sido Mazón, que ya tiene un acuerdo presupuestario. El segundo, López Miras, que dará luz verde a sus cuentas en cuestión de días. 

A nivel nacional, la cúpula de Feijóo se escora hacia posturas más beligerantes y asegura que "lo urgente es que no llegue ni un menor más" a nuestras fronteras. En la cúpula popular aseguran que, de estar en la Moncloa, aplicarían una política destinada a poner fin a la inmigración irregular, en línea con lo que están haciendo países de nuestro entorno, como Italia o la propia Alemania, hasta hace nada gobernada por un socialista. "La izquierda en otras partes procede de otras formas, pero en España sumar es el ancla intelectual que hace que Sánchez no pueda hacer política migratoria", zanjan en Génova.

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