Política

Sánchez impone su política migratoria al PSOE y Moncloa avisa a los 'rebeldes': "Si tienes que acoger, acoges"

Fuentes gubernamentales niegan que el pacto con Junts, que molesta a algunos socialistas, sea una concesión a la derecha

  • Pedro Sánchez, este miércoles, en el Congreso. -

No hay mucho más debate posible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impuesto al PSOE su particular política migratoria tras cerrar, en lo que va de mes, dos acuerdos con la derecha independentista catalana de Junts: la delegación de competencias en inmigración y la obligatoriedad de la redistribución de los menores extranjeros no acompañados con criterios que, hasta que las comunidades no den cifras oficiales, parecen beneficiar a Cataluña respecto a otras comunidades por haber sido "más cumplidora", según el Ejecutivo. Lo cierto es que estos pactos inquietan a algunos dirigentes socialistas. Pero Moncloa les avisa: "Si tienes que acoger, acoges. Eso le digo a quienes pongan peros".

El único socialista con fuerza para expresar en público su rechazo a la política del secretario general es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El barón socialista cargó este miércoles con dureza contra el acuerdo, que tildó de supremacista y "de todo menos progresista". Page también se revolvió en público contra el acuerdo de delegación de competencias al que su gobierno guarda en el cajón del recurso al Constitucional a la espera de que se apruebe en el Congreso, si es que logra la luz verde de la Cámara. Hace tiempo que el presidente castellanomanchego lamenta que su partido pacte políticas migratorias con la derecha.

Ello obliga al PSOE, según las fuentes consultadas, a preguntarse si es moralmente aceptable acordar una materia tan sensible para la izquierda con un partido que compite en Cataluña con la extrema derecha autóctona: Alianza Catalana. En cualquier caso, fuentes gubernamentales niegan que el pacto con Junts sea una concesión a la derecha e insisten en que era más urgente reubicar a los 4.000 meores hacinados en Canarias. El Gobierno antepone la atención a los menores a todo lo demás. Pero los alcaldes socialistas también levantan la ceja. Como ya contó este diario, muchos temen que los gobiernos autonómicos del PP terminen llevando a los menores a municipios socialistas, como ocurre en Fuenlabrada (Madrid), donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere ubicarlos. El consistorio no se niega a aceptarlos, pero no quiere todos, quiere que el Gobierno regional los realoje en varios municipios, porque cree que Ayuso está politizando el tema.

El otro acuerdo, el de delegación de competencias sobre inmigracón, también destroza los intereses electorales de algunos de los ministros candidatos del PSOE, especialmente los de quienes compiten en autonomías donde las prebendas al independentismo sientan a cuerno quemado, como Madrid, Aragón y Andalucía. Lo cierto es que el malestar en las bases del partido crece por el asunto de marras. Algunos dirigentes territoriales aborrecen de él públicamente, como Page —que dijo que era un pacto racista— o el extremeño Miguel Ángel Gallardo. Pero eso es solo la punta de un iceberg. El poder omnímodo de Sánchez sobre el PSOE impide la crítica a micrófono abierto. Aunque la realidad es que buena parte del socialismo se tomó muy mal ese pacto, porque rompe por completo la posición del partido respecto a la inmigración. 

Fuentes gubernamentales, cuestionadas por esta amenaza y por el uso político que un partido de derechas como Junts puede hacer de las competencias en inmigración, explican que la ley que presentó es derogable. Y algunos socios del Ejecutivo inciden en ello, conscientes de que le están dando al independentismo una llave poderosa. En Moncloa corre la sensación de que las últimas cesiones al independentismo no terminarán en el BOE. Pero en el PSOE inquieta que cada vez se dé un paso más a lo desconocido.

Los tres ministros más afectados por estos últimos acuerdos del PSOE con Junts son Óscar López, rival de Isabel Díaz Ayuso; Pilar Alegría, rival de Jorge Azcón; y María Jesús Montero, rival de Juanma Moreno. Las fuentes consultadas en el partido reconocen que, por el momento, la proyección de los tres ahora "no es buena", porque el PP tiene muy fácil marcarles como continuadores del 'sanchismo' en sus respectivas plazas y de las concesiones al independentismo. Los acuerdos en inmigración se suman a otros, también sensibles, como el cupo catalán. De hecho, la financiación autonómica estuvo a punto de provocar un cisma entre la dirección federal y varias federaciones en el último congreso del partido.

En verdad, cada vez más miembros del PSOE se miran y no se reconocen. Un monumental enfado atraviesa el partido por seguir dependiendo, para continuar en el poder ejecutivo, de Carles Puigdemont. Pero la realidad se impone: los socialistas necesitan al independentismo catalán para sostenerse en el Palacio de la Moncloa. En concreto, los 14 votos que suman ERC y Junts en el Congreso. Y el independentismo catalán necesita munición en forma de concesiones políticas que vender a la parroquia que todavía suspira por ver ondear la bandera estelada en lo más alto del Palacio de la Generalitat.

En esa confluencia de intereses, los socialistas ya han pervertido hasta una decena de normas constitucionales —bien sea mediante leyes ya aprobadas, proyectos de ley en tramitación o aspiraciones de proyectos de ley incluidos en acuerdos políticos con los secesionistas— para, poco a poco, vestir a Cataluña de Estado independiente sin que llegue a serlo oficialmente. La máxima es que lo parezca aunque no lo sea y aunque ese traje retuerza hasta límites insospechados la norma fundamental que todos los españoles se dieron en 1978 para vivir juntos políticamente.

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