Los tres, proclamados candidatos a las elecciones generales del próximo 28 de abril, habían solicitado autorización para poder participar en actos de campaña y, en caso de no recibir permiso, que se les permitiera dar ruedas de prensa, conceder entrevistas o grabar spots aprovechando los recesos de las sesiones del juicio oral, también con vistas a los próximos comicios.

En un escrito firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, el Ministerio Público se opone "absolutamente" a estas pretensiones y razona que en estos casos "la prisión provisional comunicada y sin fianza se adoptó por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas o gravemente contrarias al orden público y la paz social semejantes a las que en este procedimiento se le atribuyen".

"Las autorizaciones de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar"

"Las autorizaciones de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no sólo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo de que rechaza el ideario del encausado", argumenta.

En esta línea, considera que "las autorizaciones que ahora se reclaman de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar" y además, "pugnaría con los motivos que determinaron la detención: los graves hechos que provocaron la ruptura violenta del orden constitucional con el propósito de derogar la Constitución española".