El Ejecutivo ha vuelto a presentar este martes la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia cuyo anteproyecto ya había desgranado Pedro Sánchez en diciembre de 2018. Las sucesivas convocatorias de elecciones generales en 2019 dejaron la norma en vía muerta.
Una vez formado el Gobierno de coalición, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asumió la ley promovida por los socialistas en la legislatura anterior y aseguró que iba a ser la primera medida legislativa que se iba a impulsar desde su departamento.
El grueso del contenido coincide con el anteproyecto presentado por Sánchez hace dos años. La ley obligará a denunciar al cónyuge y a familiares cercanos si estos ejercen violencia. Además, aumenta el plazo de prescripción de abuso sexual y empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años. Los centros escolares contarán con un coordinador de bienestar y protección.
Hay algún matiz con respecto al anteproyecto anterior. Según ha señalado el líder de Unidas Podemos, "un asesino machista jamás puede ser un buen padre, y no puede tener la patria potestad". "Hasta ahora quedaba en manos de los jueces", ha avanzado.
